La impunidad debe ser entendida como la falta de sanción ante la comisión de un ilícito; y sin duda, se trata de uno de los peores males que aquejan a nuestro país. De este lamentable fenómeno prospera en su actuar la delincuencia, así también, del “no hacer” de las autoridades.
Es un fenómeno con diferentes aristas; una de ellas, la renuncia del gobierno de hacer cumplir la ley. Es decir, desistir de desempeñar el más esencial propósito de la existencia del Estado: garantizar la seguridad de los gobernados. La impunidad imposibilita que exista la certeza jurídica y el pleno ejercicio de nuestros derechos.
El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch reporta que México padece graves problemas en materia de derechos humanos. El estudio señala que las fiscalías del país sólo resuelven alrededor de uno de cada 10 homicidios que investigan; y que en muchos casos, lo hacen con pruebas que han sido alteradas, falsificadas u obtenidas mediante amenazas o tortura. Aunado a lo anterior, se menciona que suelen carecer de investigadores calificados, materiales, recursos básicos, y protección adecuada para llevar a cabo su trabajo.
El informe advierte que el germen de muchos de los males en México es la impunidad; la gravedad es mayúscula, pues se trata de un fenómeno generalizado.
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi señala que en 2024 menos de 7% de los delitos cometidos fueron denunciados; y de los 33.5 millones de delitos ocurridos, sólo 0.8% tuvieron una resolución favorable.
Transparencia Internacional —de manera reciente— dentro del Índice de Percepción de Corrupción, ubicó a México en la posición 141 de 182 países estudiados; y lo clasifica como el país peor evaluado entre los miembros de la OCDE.
A lo largo de los últimos años se han tomado diversas medidas como la creación de la Guardia Nacional y la legalización de las Fuerzas Armadas para que puedan participar de las tareas de prevención del delito, sin que ello esté reflejando mejores resultados.
Hay disminución en las tasas diarias de homicidios, pero por otro lado, aumentan las cifras de personas desaparecidas. Debido a que se considera que si no hay cuerpo no se puede considerar un homicidio ni se abre la correspondiente carpeta de investigación, el país entero se ha convertido en un cementerio clandestino.
La reciente detención del alcalde de Tequila, Jalisco, por los presuntos delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada —debido a sus ligas con el Cártel Jalisco Nueva Generación— abre un enorme boquete que deja al desnudo las causas de tanta delincuencia, corrupción e impunidad.
Cuando los delitos se cometen abusando del poder político, el quebrantamiento del Estado de derecho es mucho más grave y sus consecuencias son más devastadoras. Porque quienes están a cargo de hacer cumplir la ley, son los que la violan y a veces son cómplices de quienes los cometen.
La discusión de la próxima reforma electoral debe ser una valiosa oportunidad para reflexionar sobre estos temas. Crear y fortalecer un marco normativo que obligue a los partidos políticos a cuidar y responder por los perfiles de sus candidatos.
Que se entienda que las campañas políticas son tan caras, que todo aquel que pretende obtener un triunfo electoral se ve obligado a tener que conseguir financiamiento ilegal y comprometedor.
Porque los señalamientos desde el extranjero de que vivimos inmersos en una narco-política, ya no permiten márgenes discrecionales para el cumplimiento de la ley.
Como Corolario, las palabras de Augusto Roa Bastos: “El poder de infección de la impunidad es más letal que el de las pestes”.