Atacar las causas, no las consecuencias

De manera reciente fueron aprobadas por los Congresos de la Ciudad de México y de Tabasco algunas reformas a diferentes artículos de sus Códigos Penales. Se trata de modificaciones que incrementan las sanciones correspondientes a delitos como feminicidio; robos a casa habitación, transeúnte, en cajero automático; extorsión –en el caso de la capital–; y de la creación de un nuevo tipo penal denominado: “impedimento de ejecución de trabajos u obras”, en el Estado del sureste.

Tal parece que algunos legisladores del país no han terminado de comprender que la asfixiante realidad –en materia de inseguridad–, que envuelve a casi todo el país, no va a resolverse mediante el endurecimiento de las penalidades, sino estudiando y combatiendo las causas que la originan; y también, combatiendo la grave impunidad de las leyes existentes.

Las experiencias internacionales y la doctrina enseñan que la acción de incrementar las penas es de poca utilidad para disminuir los índices delictivos, ya que es de explorado derecho que esta práctica no ha demostrado que exista una relación causal entre el incremento en las sanciones penales y la disminución de la criminalidad.

Poco o nada se resuelve, si se agravan las penas y si no se trabaja, además, en generar un cambio cultural y social que permita generar la convicción social de que respetar a la ley es vital para la convivencia en una comunidad.

Grandes filósofos políticos a lo largo de la historia –Juan Jacobo Rousseau, Adam Smith o André Hauriou– han sostenido la teoría de la bondad humana y que el ciudadano debe ser respetuoso de la ley por convencimiento propio y, como consecuencia, el Estado sólo debiera usar la coercitividad de manera excepcional.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2019 realizada por el Inegi, el 33% de los ciudadanos considera que la delincuencia seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que casi el 27% opina que empeorará.

Por su parte, los noticieros poco ayudan a que la ciudadanía se sienta segura, pues gran parte de su tiempo al aire se destina a hacer una síntesis de la nota roja de todo el país.

A lo anterior, hay que sumar el abundante contenido que las televisoras y plataformas digitales dedican a series que llevan a cabo una auténtica apología del delito, exaltando la figura del antihéroe; aquél que decide quebrantar la ley como camino para alcanzar el éxito económico y social, siempre triunfante. Lo anterior, lanza un mensaje negativo a toda la sociedad, en particular a nuestros niños y jóvenes.

Por otra parte, este año, el gasto en seguridad es de apenas 0.96% del PIB, mientras que el promedio de los países integrantes de la OCDE es del 1.7 por ciento. Lo más delicado es que el presupuesto sufrió un recorte del 14% en comparación con el 2018.

El crecimiento económico que el país necesita no podrá lograrse si no se restablecen dos grandes valores esenciales: seguridad y certeza jurídica. Y con sinceridad creo que eso no se podrá alcanzar sólo con el endurecimiento de las penas, en lugar de atacar de fondo las raíces de los problemas sociales.

Los acuerdos políticos y consensos partidistas deberían centrarse en la construcción de una sólida y genuina Cultura de la Legalidad, que logre que –tanto autoridades y ciudadanos– reconstruyamos el tejido social y le devolvamos a México ese clima de paz y seguridad, que tanto necesitamos y extrañamos.

Como Corolario, la frase del jurista, filósofo y orador romano Marco Tulio Cicerón: “Seamos esclavos de las leyes para poder ser libres”.