Fuerzas Armadas y derechos humanos

En diciembre de 2006 se inauguró uno de los pasajes más sangrientos que ha vivido nuestro país, la llamada —por el entonces presidente Felipe Calderón— “guerra contra el narcotráfico”. Esto implicó hacer frente a la delincuencia organizada con el brazo más fuerte y disciplinado que tiene el Estado mexicano: sus Fuerzas Armadas.

A diez años de distancia, el balance general para las fuerzas castrenses y para el propio país es todo, menos favorable. Las muertes resultantes se calculan alrededor de 150 mil, los desaparecidos se estiman en más de 30 mil y las cifras negras —por supuesto— van más allá.

México está sumido en una crisis por la falta de respeto a los derechos humanos. Tan sólo los homicidios dolosos se duplicaron en el periodo más violento de la “guerra”, al pasar de 11 mil 806 a 22 mil 852, en 2011. En el caso de la tortura, las denuncias prácticamente se quintuplicaron para el año 2012.

Las desapariciones han crecido 48 veces más, el tráfico de armas ha aumentado al menos 15%, la extorsión ha subido un 61%, el lavado de dinero se ha disparado en un 141%, el secuestro ha subido un 48% y la trata de personas se multiplicó por nueve del año 2009 al 2016.

Hace unos días, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, declaró que la seguridad pública es una función que corresponde, y debe estar a cargo, de instituciones de carácter civil: “Nuestra Fuerza Armada debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable”.

El llamado del ombudsman nacional es para que las políticas públicas y acciones de gobierno se alejen del discurso simulado y hagan efectivo su compromiso de respeto por los derechos humanos. Actuar sin entender esto, es sembrar en el desierto.

Unos días antes, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, había reiterado también su reclamo de que los militares deben regresar a los cuarteles.

El consenso en favor del retorno a los cuarteles de las tropas es indudable, como imposible en estos momentos su realización. Lo es por la misma razón por la cual los militares tomaron las calles inicialmente, me refiero a la incapacidad por parte de los cuerpos policiacos —a lo largo y ancho de la República— de llevar a cabo tareas de seguridad pública con eficiencia.

El país está en una grave disyuntiva. Decidir si debe el Congreso aprobar una Ley de Seguridad Interior que otorgue un marco legal a las funciones de las Fuerzas Armadas en labores de prevención y persecución del delito o, bien, tomar la determinación de hacer un programa para el retorno de las tropas a sus cuarteles.

Lo primero sería renunciar a que las labores de la policía deben ser responsabilidad de las autoridades civiles e institucionalizar la militarización del país. Lo segundo debería ser la opción más deseable.

Resulta imprescindible regresar al Ejército y la Marina a sus funciones consustanciales y no continuar desgastándolos con estas funciones contrarias a su naturaleza y misión. Se requiere fijar un plazo cierto y las condiciones necesarias para el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Lo contrario es renunciar a la paz que tanto añoramos los mexicanos.

Como Corolario las palabras del activista japonés Joichi Ito: “Si destrozamos los derechos humanos y el Estado de derecho, en respuesta, ellos habrán ganado”.