Trabajo decente

Hace unos días, tuvo verificativo el Foro Internacional de Políticas Públicas de Empleo y Protección Social, donde el presidente Enrique Peña Nieto declaró que —según cifras del IMSS— al tercer trimestre de 2013, casi medio millón de trabajadores pasó de la informalidad al sector formal en México.

El mandatario señaló que la transición a la formalidad de esos trabajadores no se debió a una tasa elevada de crecimiento económico, sino fue resultado de la reforma laboral, que impulsó el programa para la formalización del empleo.

Agregó que México tiene actualmente una tasa de desempleo de 5.2% —mejor que otras economías avanzadas—; y que hay 2.7 millones de personas desempleadas. Pero dijo algo preocupante: de cada diez personas que trabajan, seis lo hacen en la informalidad.

En el mismo acto, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, sostuvo que en las prioridades de la agenda de las Naciones Unidas para 2015, está precisamente combatir a fenómenos laborales como esos, para alcanzar el objetivo de lo que llamó como: “Trabajo decente”.

Haciendo a un lado el tema del desempleo, llama positivamente la atención que el gobierno de la República reconozca el terrible problema del trabajo informal que nos aqueja.

La reforma fiscal recién aprobada, no tuvo dentro de sus prioridades atacar a este cáncer social. Por otra parte, existen críticos que aseguran que el programa del Seguro Popular alienta la informalidad laboral, lejos de generar un esquema de seguridad social a largo plazo.

Es preciso entrar al estudio de este asunto y reconocer una situación trascendente: es el Estado mexicano —a nivel federal, estatal y municipal— el principal contratante de empleos informales.

Hacen falta leyes que obligue a todas autoridades a abstenerse de contratar personal mediante mecanismos como: listas de raya, eventuales, provisionales, interinos y demás formas de contratación, que violan la legislación del trabajo, no brindan prestaciones, evaden pagar cuotas seguridad social y dejan a miles de trabajadores en estado de incertidumbre e indefensión jurídica.

Están en proceso de aprobación reformas para impedir el gasto excesivo y evitar el mayor endeudamiento de las entidades federativas y municipios. El concepto de contratación de personal, debe de ser uno de los elementos que las nuevas normas jurídicas deben contemplar, para que las autoridades dejen de realizar prácticas leoninas, que aumenten el pasivo laboral que ya tienen.

Para poder atender la prestación de servicios de nuevas necesidades, las autoridades de los tres niveles de gobierno recurren al uso —y abuso— de la práctica de contratar trabajadores, con bajos sueldos y sin prestaciones ni seguridad social.

En los últimos 13 años, la infraestructura pública ha tenido una expansión muy importante, financiada sobre todo por los excedentes de los recursos obtenidos por la venta del petróleo.

El Congreso cada año destina recursos importantes para la construcción de hospitales, carreteras, escuelas y obras de ingeniería de todo tipo. Ello ha generado la necesidad de contratación de nuevo personal en todo el país. Sin embargo, en la feria de la repartición del presupuesto, se ha omitido destinar en los años subsecuentes, recursos para la contratación de los recursos humanos y para gasto de operación.

Tan sólo en el Sistema Nacional de Salud, se calcula que existen alrededor de 100 mil trabajadores —entre médicos, enfermeras, químicos, terapistas y demás especialidades— que laboran, desde hace años, en condiciones precarias. Si se hiciera un censo de cuantos más están trabajando en las demás dependencias federales, estatales y municipales, la cifra resultaría escandalosa.

Bienvenida la llamada de atención del Presidente para combatir la informalidad laboral. Pero corresponde al gobierno poner el ejemplo de brindar a sus empleados un “trabajo decente”.