Policías comunitarias
A finales del pasado mes de enero, la atención pública se enfocó hacia la Costa Chica de Guerrero; cuando se conoció la irrupción de un grupo de autodefensa en el municipio de Ayutla, donde se creó una policía comunitaria que mantenía retenidos a 54 presuntos ...
A finales del pasado mes de enero, la atención pública se enfocó hacia la Costa Chica de Guerrero; cuando se conoció la irrupción de un grupo de autodefensa en el municipio de Ayutla, donde se creó una policía comunitaria que mantenía retenidos a 54 presuntos delincuentes por diversos delitos relativos al robo, narcotráfico, violaciones, secuestros y extorsiones.
Este fenómeno se expandió rápidamente y en pocos días se fue conociendo la creación de grupos de autodefensa o policías comunitarios en diversas zonas del país; específicamente en las regiones indígenas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán.
Hombres encapuchados con pasamontañas o con paliacates cubriéndoles el rostro, resguardan los accesos y avenidas, como resultado de la desesperación y el hartazgo de muchos mexicanos por el crecimiento de la delincuencia.
La llamada “Guerra contra la Delincuencia” declarada por Felipe Calderón, heredó un serio conflicto al actual gobierno. Enrique Peña Nieto recibió un país sacudido por la violencia, la inseguridad y la impunidad de manos de la infortunada administración calderonista.
Como un monstruo de mil cabezas, los grupos delincuenciales se encuentran diseminados por todo el país; no se cuenta con la identificación real de quiénes y cuántos son ni quién los dirige; y han seguido realizado sus actividades ilegales con gran violencia y tratando de mostrar al nuevo gobierno su fuerza y desafío.
El proyecto de la superpolicía federal fue un fracaso, debido a los excesos y errores de su titular; hubo la necesidad de desaparecerla como tal y subordinarla al control político de la Secretaría de Gobernación. Miles de millones de pesos malgastados y desperdiciados en este rubro.
La exigencia impostergable de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, para las que no están preparadas ni facultadas legalmente, comienza a ser un pesado lastre. La presión de organizaciones nacionales e internacionales exige saber el destino de cientos de personas desaparecidas, así como la precisión de las cifras de muertos que la guerra ocasionó, las cuales se calculan superiores a los 60 mil fallecidos.
Los argumentos de los miembros de las llamadas policías comunitarias justifican su actuación en el hartazgo de sus habitantes por el azote de la delincuencia; pero también en la desconfianza por la actuación de las fuerzas gubernamentales obligadas a su combate.
Thomas Hobbes sostenía que: “El fin por el cual un hombre renuncia y entrega a otro o a otros el derecho de protegerse y defenderse por sus propios medios (power), es la seguridad que espera de protección y defensa por parte de aquellos a quienes la ha confiado”.
A lo largo de los años se ha venido estableciendo por la ciencia jurídica que el Estado detenta el monopolio exclusivo del uso de la fuerza física y que a los ciudadanos nos está prohibido usar armas y tomar la justicia por mano propia.
Las políticas públicas del nuevo gobierno tienen que tomar acciones con rapidez para devolver la confianza a la ciudadanía de que la ley será respetada y que quienes la infrinjan serán castigados.
Porque sin esa seguridad que debe garantizar el gobierno, aseguraba Hobbes, cualquier súbdito tiene derecho de usar su propio juicio y emplear la fuerza; “y, en consecuencia, no existe República en absoluto”.
*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM