Urge una secretaría del agua que, además, no costaría

Múltiples notas periodísticas, reportajes de televisión y artículos de revistas han comentado sobre la grave situación del sector agua en nuestro país. Tenemos enfrente una gran problemática por resolver; asimismo, conforme pasa el tiempo, se nos va complicando exponencialmente debido al incremento de una población que debe contar con el servicio de agua potable y que hay que alimentar fortaleciendo la agricultura y la ganadería (que demandan grandes volúmenes de agua), a la indispensable necesidad de renovar y modernizar la infraestructura, a la obligada transformación de la forma de abasto de las principales ciudades del país, que actualmente no cuentan con fuentes sustentables, y todo eso con el aderezo del cambio climático, que está llevando a nuestro planeta a cifras récord en el incremento de temperaturas, con lo que se modifican los patrones de lluvia, agravando mucho la situación.

Si bien el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tiene en marcha 15 importantes proyectos prioritarios que ya hemos comentado en esta columna, se necesitan muchos más para poder atender las necesidades de 129 millones de habitantes. Si queremos evitar una severa crisis hídrica en nuestro país, las inversiones y los proyectos deberán multiplicarse en los siguientes años, lo que requeriría darle al sector agua la prioridad que, sin duda, debe corresponderle dentro de los presupuestos nacionales.

Sin menoscabo de la importancia de lo anterior, el fortalecimiento institucional del sector agua es un tema indispensable. La Conagua, desde su creación, es un organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que no necesariamente es la mejor posición dentro de la estructura gubernamental para atender y resolver un asunto tan vital.

Un organismo público desconcentrado es una unidad administrativa que opera dentro de una secretaría del Estado y que está subordinado jerárquicamente a ella; ejecuta funciones específicas y depende de la secretaría para la toma de decisiones y la supervisión; tiene cierta autonomía operativa, pero debe seguir las políticas y directrices de la dependencia a la cual pertenece; al mismo tiempo que no tiene personalidad jurídica propia y actúa en nombre de la secretaría.

Por supuesto que la Conagua deberá coordinarse con la Semarnat y unir esfuerzos y atribuciones para la verificación ambiental y monitoreo de contaminantes, así como implantar medidas y mecanismos para prevenir, restaurar y corregir la contaminación del agua, pero esa subordinación ante la secretaría representa un lastre al tener que someterse a los criterios de una dependencia que no necesariamente es especialista en el tema y donde el agua es sólo parte de los asuntos que atiende.

El tamaño de los problemas que tenemos en materia de agua amerita, sin duda, darle el nivel jerárquico que demanda el sector y, con ello, mayor agilidad y claridad en la toma de decisiones e implantación de acciones, programas, normas y reglamentos. Se necesita darle el máximo nivel dentro de la estructura de gobierno para tener más atribuciones con el fin de negociar con otras secretarías y con los gobiernos estatales.

Para esta iniciativa, que por cierto los especialistas del sector agua han demandado durante décadas, es conveniente destacar que no implicaría ni mayores costos para el gobierno federal ni una mayor estructura o incremento de personal. Se trataría simplemente de renombrar los puestos actuales, manteniendo niveles salariales, con costos operativos que no tienen que ser diferentes a los que tiene actualmente la Conagua.

En resumen: se trata de un asunto que no representaría, necesariamente, un incremento en el presupuesto y/o la burocracia, pero que es fundamental para poder avanzar de mejor manera en las soluciones que México requiere.