Por fin, un nuevo marco legal para el agua en México

La situación del país en materia de agua es compleja, como pudimos constatar en los últimos meses en distintas regiones del territorio nacional. Enfrentamos desde sequías prolongadas hasta lluvias con récords históricos. Pero la problemática va mucho más allá: se manifiesta también en la sobreexplotación de acuíferos —de los 757 existentes, 104, los más importantes, están gravemente afectados— y en una distribución desigual del recurso. Cerca de 80% de los municipios padecen algún nivel de estrés hídrico, siendo las comunidades rurales y marginadas las más vulnerables. Esta inequidad limita el desarrollo social y económico de millones de personas y perpetúa condiciones de pobreza.

A ello se suma un modelo de administración del agua basado en concesiones que permite entre particulares, incluso a empresas, transferir derechos de uso, bajo la premisa de que el mercado —mediante la oferta y la demanda— sería capaz de regular el acceso y el aprovechamiento del recurso. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esta lógica condujo al acaparamiento, al abuso de concesiones, a la sobreexplotación y, sobre todo, a una falta de control institucional. Hoy existen concesiones vencidas, permisos irregulares y situaciones fuera de norma que no han sido corregidas ni revocadas.

Frente a esta realidad, es indispensable que la atención al tema del agua deje de ser una promesa discursiva y se convierta en una prioridad real dentro de la agenda pública. Esto implica aumentar sustancialmente los recursos fiscales asignados por los tres órdenes de gobierno para construir y renovar infraestructura. Se requiere también establecer tarifas que garanticen, al menos, la autosuficiencia operativa de los servicios, fortalecer a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), avanzar de forma sostenida hacia mayores niveles de eficiencia en todos los procesos del sector, y contar con un marco legal sólido que sirva de base para alcanzar estos objetivos.

El marco jurídico vigente presenta serias deficiencias que obstaculizan la implementación de políticas públicas eficaces. Corregir estas fallas no resolverá por sí solo todos los problemas del sector, pero representa un paso fundamental para construir bases sólidas hacia una mejora estructural. Con un mínimo de voluntad política, esta acción podría ser, además, la más sencilla de implementar y prácticamente sin costo.

Resulta entonces inconcebible que una reforma tan necesaria haya sufrido un retraso tan prolongado. El 18 de enero de 2012 se modificó el artículo 4º constitucional para establecer el derecho humano al agua. El texto señala:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos”.

Asimismo, el artículo transitorio tercero establecía que el Congreso de la Unión debía emitir una Ley General de Aguas en un plazo de 360 días. Han pasado más de 12 años sin que dicha ley haya sido promulgada.

No se trata únicamente de garantizar en la legislación el derecho humano al agua. Es igualmente imprescindible modificar la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 constitucional, que regula la administración del recurso hídrico a nivel nacional.

Las iniciativas de ley enviadas por la Presidenta de México al Congreso el pasado 1º de octubre representan un paso relevante para consolidar el derecho humano al agua, fortalecer la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales, robustecer a la Conagua y dotarla de mayores instrumentos jurídicos para el cumplimiento de sus funciones. Sobre el contenido y alcance de estas propuestas abundaremos en futuras entregas.