Por fin: el agua como una prioridad nacional (II)
El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, firmado el 25 de noviembre de 2024 en Xochimilco, Ciudad de México, representa un hecho sin precedentes en la materia. Este acuerdo posiciona la gestión de los recursos hídricos como una prioridad ...
El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, firmado el 25 de noviembre de 2024 en Xochimilco, Ciudad de México, representa un hecho sin precedentes en la materia. Este acuerdo posiciona la gestión de los recursos hídricos como una prioridad nacional mediante un esfuerzo conjunto del gobierno federal, los 32 estados, los sectores agropecuario e industrial y diversas instituciones académicas.
Durante la presentación del Programa Nacional Hídrico (PNH), el director general de la Conagua, Efraín Morales López, destacó los objetivos fundamentales del plan. Estos incluyen garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficientes, fomentar la sostenibilidad de los recursos hídricos y promover un manejo responsable. Además, subrayó la necesidad de un cambio de visión en la gestión del agua en México, reconociéndola como un derecho humano y no como una mercancía. Este enfoque es clave para lograr una distribución equitativa destinada a los usos personal, agrícola e industrial.
El PNH plantea acciones específicas, como la rehabilitación de ecosistemas críticos, la mejora de la infraestructura hídrica y la promoción del uso sostenible del agua. También incluye iniciativas como la reforestación, la restauración de humedales y la limpieza de ríos, destacando la importancia de la colaboración entre entidades gubernamentales, el sector privado, comunidades indígenas y la academia.
Por su parte, Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, informó que el programa de tecnificación a distritos de riego alcanzará 200,000 hectáreas, lo que permitirá aumentar la productividad agrícola mientras se reduce significativamente el consumo de agua. Como parte de estas acciones, se lanzó el programa Cosechando Soberanía, que brindará asistencia técnica, apoyo en comercialización y financiamiento para los productores agrícolas.
Un aspecto fundamental del acuerdo es la devolución de 2,800 millones de metros cúbicos de agua, uno de los compromisos más importantes anunciados. Este logro refleja la colaboración entre el gobierno, los distritos de riego y las empresas industriales para gestionar los recursos hídricos de forma más equitativa y sostenible. Empresas como Grupo Lala refuerzan la solidaridad del sector privado con la sustentabilidad hídrica, comprometiéndose a devolver agua concesionada que no utilizan en sus operaciones actuales y a invertir en proyectos que mejoren el tratamiento, reúso y reciclaje del agua en sus procesos productivos.
A pesar de la importancia del acuerdo, del PNH y la notable participación de prácticamente todos los sectores, es imprescindible considerar los factores económico y financiero. Es necesario que todos los actores se comprometan a canalizar recursos suficientes hacia el sector hídrico. De lo contrario, el PNH podría quedarse como una buena propuesta sin posibilidades de concretarse.
Si bien el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas es un derecho humano, esto no significa que deba ser gratuito. Mientras se perciba el agua como un recurso sin costo o con un precio simbólico, y no exista claridad sobre las inversiones y gastos operativos necesarios para garantizar su disponibilidad, será imposible abordar de manera efectiva el problema del agua en México.
Y estos son los datos reales de la situación del sector hídrico en México: el presupuesto de la Conagua debe incrementarse sustancialmente; las tarifas de agua potable son de las más bajas entre los países de la OCDE; los esfuerzos de los agricultores para eficientar su uso son muy limitados, muchas industrias evaden el pago de derechos por el uso del agua y continúan contaminando este recurso vital.
Para avanzar de manera efectiva, es imprescindible la participación activa de todos los sectores, respaldada por una inversión significativa de recursos y el reconocimiento de los costos reales asociados con la provisión de servicios. Sólo así se podrá lograr una gestión hídrica verdaderamente sostenible y equitativa.
