¿Las juntas de gobierno podrían ser la solución?

Mucho hemos comentado sobre la necesidad de modificar el modelo de gestión con el que vienen funcionando los organismos operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado, que, después de décadas de gestión bajo la tutela de los municipios, no han logrado estándares de eficiencia deseables y ni con mucho los cercanos a lo que sería necesario para poder cumplir con servicios de calidad, además del consagrado derecho humano al agua plasmado en nuestra Constitución, que, aunque se trata de una obligación del Estado mexicano, los principales responsables de hacerlo realidad son, precisamente, los organismos operadores.

Sabemos que las cosas no se mantienen estáticas y que, con el paso del tiempo, los problemas, más que reducirse, se acrecientan, por lo que ahora los organismos operadores tienen mayor responsabilidad y necesidad de mejorar en todos los aspectos, para poder cumplir cabalmente con su función. Sería iluso pensar que si mantenemos el modelo de gestión que hasta ahora se ha tenido, vamos a poder resolver las dificultades.

Imposible sería modificar la Constitución para quitar atribuciones a los municipios y, aunque constituye un error de origen, según lo demuestran muy claramente los resultados, políticamente no sería una propuesta viable. Sin embargo, es factible retomar el tema con base en alternativas que tiene el marco legal, el cual permite la creación de organismos públicos descentralizados del municipio, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que pueden tener como órgano de gobierno una junta o consejo de administración, siendo el representante legal y administrador del organismo, con facultades para supervisar, mandatar y aprobar decisiones trascendentales para la institución.

Dada esa enorme facultad de dirigir, ordenar, orientar, supervisar y vigilar el funcionamiento de los organismos operadores, ahora lo importante es definir cómo pueden integrarse estas juntas de gobierno, de tal manera que permitan, en lo posible, despolitizarlas, implementar acciones y planes a mediano y largo plazos, así como imponer medidas para contar con los mejores servicios, implementando tarifas adecuadas y vigilando que los recursos se orienten al 100% a mejorarlos.

Es aquí donde la participación de la sociedad civil, propositiva, informada y organizada, representa la clave para una gradual, pero sostenida mejora de los servicios, lo que permitiría que se alcancen estándares de calidad y eficiencia.

¿Cómo lograr que una junta de gobierno mantenga políticas a largo plazo, elimine la política en la toma de decisiones, exija cuentas claras y, a la vez, demande mejoras sostenidas de la eficiencia? La fórmula parecería simple, el chiste es lograr una adecuada integración.

Se trataría de una junta de gobierno conformada por ocho integrantes: dos del gobierno del estado, dos del municipio, dos de los sectores sociales y dos de los sectores económicos más importantes de cada localidad, con los siguientes criterios: (i) los representantes del gobierno estatal deben aportar información técnica de ingeniería, de contabilidad, en materia de eficiencia e indicadores de gestión, es decir, aportar elementos para la mejor toma de decisiones a la par de una destacada profesionalización de la junta; (ii) el municipio deberá proporcionar las prioridades de atención que localmente se consideren prioritarias, al igual que ayudar a facilitar la gestión del organismo; (iii) los representantes de los sectores sociales deberán ser personas de organizaciones preocupadas por su ciudad, la sustentabilidad, la calidad de los servicios, etcétera, y que, de manera propositiva, contribuyan a la mejor toma de decisiones, y (iv) los representantes de los sectores económicos deberán aportar criterios básicos del manejo administrativo, contable y financiero que debe tener una empresa municipal, cuyo objetivo no es la rentabilidad, no es lucrar con un derecho ciudadano básico, sino el otorgar los mejores servicios a la sociedad de la cual forman parte.