En México, se ha generalizado el que los organismos operadores de los sistemas de agua potable y saneamiento cuenten con tarifas que no cubren ni sus costos operativos. El problema viene de un mal diseño de la gestión institucional, ya que el precio del agua se fija, en la mayoría de los casos, por las cámaras de diputados estatales y, obviamente, no es fácil lograr establecer tarifas adecuadas por medio de políticos que buscan el voto y evitan autorizar incrementos económicos a la gente, aunque estén plenamente justificados.
Pero el resultado de esta decisión —de contar con bajas tarifas— tiene una clara repercusión: el mal servicio, que si bien la factura mensual del agua en muchísimos casos raya en lo absurdo, los usuarios tienen que cubrir los costos adicionales, como la compra de agua de pipas, de agua embotellada, la necesidad de construir cisternas, de contar con tinacos, de rebombear el agua en casa para elevarla de las cisternas a los tinacos, debido a la baja presión del agua de las redes de distribución, entre otras.
Lo que está claro es que el costo del agua debe ser accesible para todos los bolsillos, por eso es fundamental una estructura tarifaria que diferencie la capacidad de pago de los diversos estratos socioeconómicos, bajo la premisa de que los cobros se encuentren dentro de lo que la gente puede pagar sin afectar su economía familiar. Sin embargo, la realidad es otra, ya que la parte de la tarifa que no se paga, la tarifa invisible, se traduce en un mal servicio que obliga a los usuarios a buscar soluciones que, conforme a datos de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), pueden llegar a representar hasta el 20% de los ingresos familiares en sectores populares, mucho más del 3% que se considera aceptable por los organismos especializados en derechos humanos.
La única forma de resolver esta situación es trasladando la responsabilidad de fijar las tarifas a los propios usuarios, a los que nunca les va a temblar la mano para tomar decisiones que les permitan contar con un buen servicio. Siempre será más barata y segura la calidad del agua que se suministra por medio de un organismo eficiente y que cumple con todas las normas establecidas, a la calidad del agua de un servicio intermitente que tiene mucha más probabilidad de distribuir agua de baja calidad o incluso no potable.
Sobre este tema de tarifas, cabe comentar una anécdota que presencié en alguna convención internacional a la que asistí en España, donde uno de los ponentes hizo la siguiente mención: “En España tenemos tarifas que están por debajo de las tarifas establecidas en Alemania. Que alguien me explique, a cuenta de qué, el agua en España va a ser más barata que en Alemania, si las condiciones climatológicas, incluso, son más complicadas en nuestro país”.
Bueno, les comparto unos datos sobre las tarifas a nivel mundial, determinados de una encuesta publicada por la Global Water Intelligence, una editorial y organizadora de eventos, líder al servicio de la industria internacional del agua. Si las tarifas promedio en México las consideramos base 100, el costo promedio del agua en diversos países sería: Portugal, 216; Italia, 226; España, 244; Francia, 505; Alemania, 580.
Claro que los ingresos y salarios que tenemos son menores que en esos países, pero aquí deberíamos preguntarnos: ¿a cuenta de qué, en México las tarifas son tan bajas?, ¿no será que es a costa de malos servicios?
- Lo que debemos establecer en el país, que incluso se viene aplicando ya en muchas ciudades, es la integración de Juntas de Gobierno con amplia participación social, y que sean los propios usuarios quienes responsablemente establezcan qué calidad de servicios quieren y cuánto hay que pagar por ellos, que vigilen el buen uso de los recursos, que exijan eficiencia y resultados al organismo operador. De otra forma, los servicios se seguirán deteriorando en la espiral negativa de la que hemos sido testigos.