Comentábamos en las pasadas columnas que, con la construcción del proyecto Cerro Prieto, terminado en 1984, y el Cuchillo, en 1994, después de décadas de problemas con su abasto de agua, Monterrey tuvo suficiente recurso hídrico para contar con un servicio de calidad las 24 horas del día. No obstante, para atender el crecimiento de la ciudad y como una previsión para disponer con fuentes de abastecimiento de reserva, en el año 2010 (hace 12 años) se empezó a estudiar con seriedad la posibilidad de contar con una nueva fuente de abasto, proyecto que se denominó Monterrey VI.
Se analizaron varias alternativas, llegando a la conclusión de que la mejor opción era llevar agua desde el río Pánuco, a 500 km de la ciudad, considerando dos importantes ventajas: (i) aun en una sequía extrema, están asegurados, mínimo, 5,000 litros por segundo que, de otra forma, se descargarían al Golfo de México y (ii) se trata de una cuenca diferente a la del río San Juan, por lo que no se tendrían problemas ante una sequía en la zona tributaria de las otras tres presas (La Boca, Cerro Prieto y Cuchillo).
Monterrey VI se concibió como un acueducto de 368 km desde el río Pánuco que se conectaría con el acueducto Linares-Monterrey para, finalmente, enviar el agua a la ciudad. En paralelo, se alcanzaron negociaciones exitosas con los gobiernos de San Luis Potosí y de Tamaulipas, además de la participación del Fondo Nacional de Infraestructura, que autorizó 2,966 millones de pesos de apoyo federal en julio de 2013.
El contrato se formalizó a finales de 2014 como una asociación público-privada a 30 años, incluyendo construcción y operación. La inversión inicial para su construcción sería de 14,000 millones de pesos y la empresa cobraría $7.93 por cada metro cúbico de agua.
Pero el proyecto tuvo tres inconvenientes que finalmente fueron insalvables: el desprestigio de Rodrigo Medina de la Cruz por sus no claros manejos en el gobierno estatal; la asignación del contrato a un consorcio de empresas donde participó el grupo Higa, famoso por el tema de la Casa Blanca; pero el mayor de todos fue el haberlo contratado justo antes de la campaña electoral de 2015 por la gubernatura de Nuevo León.
Se hicieron cuentas tramposas, como decir que la obra costaría 40,000 millones de pesos, que era el resultado de traer al inicio lo que serían los pagos por metro cúbico durante toda la vida del contrato. Cabe hacer la comparación: es como si a la adquisición de un vehículo se le suman los costos de gasolina, mantenimiento, estacionamiento, peajes y chofer durante los 30 años que se contrate el servicio.
Fernando Elizondo, de Movimiento Ciudadano, y el independiente Jaime Rodríguez, candidatos opositores al gobierno estatal priista, encabezaron un llamado a la población para detener el proyecto hidráulico, generando una oleada de seguidores, como la Agenda Ambiental Ciudadana, el organismo Reforestación Extrema, ProNatura del Noreste y el Colegio de Abogados de Nuevo León, entre muchos otros.
Se afirmaba que era una obra opaca, onerosa e incluso que Monterrey no necesitaba de más agua, provocando una animadversión y rechazo al proyecto que, una vez siendo gobernador, Jaime Rodríguez decidió cancelar “ante la oposición de los neoleoneses y atendiendo las peticiones de la población".
La politización de una buena decisión técnica tuvo sus consecuencias, el proyecto Monterrey VI debió realizarse incluso volviendo a convocar si había dudas de la transparencia del proceso licitatorio anterior, pero el daño ya estaba hecho, ahora se tendría que buscar una nueva opción, que se tradujo en 2020 en el inicio de la construcción de la presa Libertad, que ni con mucho resolverá el problema cuando se termine en 2023. Un asunto con muchas aristas y enseñanzas que seguiremos analizando.