Asociaciones público-privadas en el agua, ¿una solución viable? (II)

Las asociaciones público-privadas (APP) pueden representar una alternativa estratégica para atender diversas necesidades del sector hídrico. No obstante, al tratarse, generalmente, de contratos para obras de gran envergadura, que requieren inversiones cuantiosas y plazos prolongados para su amortización —de 15, 20 o incluso 30 años—, su diseño y estructuración deben realizarse con el máximo rigor técnico y profesional.

Más allá de la aportación de capital privado, la verdadera fortaleza de este modelo radica en que el pago está condicionado al cumplimiento de resultados específicos. En esencia, son contratos de prestación de servicios en los que la empresa no sólo construye la infraestructura, sino que asume la obligación de operarla, mantenerla y garantizar su óptimo funcionamiento durante toda la vigencia del contrato, asumiendo los riesgos inherentes.

Sin embargo, no todas las inversiones en APP han resultado exitosas. Es indispensable que los proyectos se apoyen en estudios técnicos sólidos, estrictas evaluaciones socioeconómicas y una comprobable alta rentabilidad social y económica. A diferencia de la obra pública tradicional —en la que el constructor se retira al concluir la entrega—, en una APP el contratista permanece vinculado durante décadas, de modo que cualquier deficiencia en la planeación inicial tiende a amplificarse con el tiempo.

El éxito de estos esquemas depende de contar con estudios básicos completos y una planeación detallada, elaborada por personal técnico especializado y con el tiempo necesario para su desarrollo. Con frecuencia, los “tiempos políticos” presionan los procesos, derivando en improvisaciones con resultados adversos. Un ejemplo lo ofrece el sector de comunicaciones: un estudio del Banco Mundial reveló que, en México, menos de 20% de las autopistas construidas bajo las APP alcanzaron o superaron las proyecciones de tráfico, debido no al modelo APP en sí, sino a la baja calidad de los estudios de demanda realizados.

Otro cuestionamiento recurrente es la falta de transparencia. Si bien la magnitud de estos proyectos limita la participación a grandes empresas, ello no debería traducirse en una ausencia de competencia. Para garantizarla, las licitaciones deberían contar con la participación de, al menos, cinco empresas, resultando inaceptable procesos donde la concurrencia sea de menos de tres participantes.

Cuando existe competencia efectiva entre empresas especializadas, el modelo APP ofrece la ventaja adicional de promover implícitamente la incorporación de innovaciones tecnológicas y mejoras en la gestión integral del agua, modernizando procesos para fortalecer la sostenibilidad, optimizar eficiencias y reducir pérdidas.

En materia financiera, estos proyectos comprometen recursos futuros, por lo que deben aplicarse únicamente a iniciativas rentables y autofinanciables. Esto exige que los organismos operadores sean eficientes y cuenten con la capacidad de generar los ingresos necesarios para cubrir los compromisos adquiridos. En el caso del agua potable, el principal obstáculo radica en las tarifas bajas que prevalecen en el país, lo que prácticamente impide a la mayoría de los organismos acceder a este tipo de esquemas, incluso si mejoraran notablemente su eficiencia operativa.

El reto de inversión en el sector agua es enorme. La infraestructura necesaria sólo podrá desarrollarse con esquemas de financiamiento adecuados, pues los recursos públicos a fondo perdido resultan insuficientes para cubrir las necesidades existentes. Las asociaciones público-privadas ofrecen ventajas indiscutibles, pero su viabilidad exitosa depende de una adecuada evaluación de riesgos, de la incorporación de tecnologías innovadoras mediante procesos competitivos, de la aplicación de estándares claros para evaluar el desempeño y de un marco institucional, normativo y contractual sólido que garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos.