Agua: municipalización de los servicios y su fracaso

Se estima que al menos el 95% de los organismos municipales responsables de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se encuentran en una situación crítica: descapitalizados, politizados, con exceso de personal, bajas eficiencias operativas y sin ingresos suficientes para cumplir adecuadamente con la prestación de los servicios que tienen a su cargo. El modelo de gestión imperante en México en materia de agua potable ha sido un rotundo fracaso. Si bien hay excepciones, se requiere un cambio urgente, sustancial, profundo.

Han pasado 40 años desde la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, mediante la cual se modificó el artículo 115, determinando que los servicios hídricos, entre otros, estarían a cargo de los municipios. Los resultados no son, ni con mucho, los esperados.

Históricamente, la administración de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado se concentró, desde la Colonia, en el gobierno central. Así es como en 1948 los sistemas urbanos de agua potable de México estuvieron a cargo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) y sólo en menor medida de algunos gobiernos estatales. La entonces SRH creó la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado (DGAPA) como responsable de construir la mayoría de los sistemas hidráulicos urbanos y, para darles operación y mantenimiento, se crearon las Juntas Federales de Agua Potable.

Veintitrés años después, en 1971, se instituyó una nueva oficina denominada Dirección General de Operación de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (DGOSAPA), cuyo objetivo era coordinar la operación de los sistemas que para entonces se contaban por centenas, algo imposible de controlar y causa por la que el modelo centralizado federal no alcanzaba a dar una apropiada respuesta y que no sólo tenía deficiencias en la calidad de los servicios, sino también en la recuperación de los costos operativos, generándose la necesidad de canalizar cuantiosos recursos para subsidiar el funcionamiento de dichos sistemas.

En 1976, el gobierno federal se reorganizó y la SRH desapareció, repartiendo sus funciones entre diferentes nuevas dependencias, como la recién creada Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), que tuvo a cargo las obras de infraestructura hidráulica mayores, como las presas, los distritos de riego y la construcción de los grandes acueductos, y la nueva Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), que pasó a tener a su cargo las responsabilidades en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento (de esta manera, se fracturó la unidad del sector agua, cuya reunificación se logró hasta 1989, con la creación de la Comisión Nacional del Agua).

En 1980, la SAHOP promovió la transferencia de los organismos de agua a los gobiernos estatales. Fueron entregados 1,561 sistemas mediante convenios firmados entre la Federación y los estados. A partir de ello, los estados constituyeron diferentes tipos de organismos operadores, donde algunos quedaron a nivel estatal, pero la mayoría pasaron al ámbito municipal.

Aquí lo importante a destacar es que, hasta entonces, la responsabilidad de invertir en infraestructura hidráulica era principalmente del gobierno federal y, con la municipalización de los servicios, las inversiones federales cayeron sustancialmente, dejando éstas a cargo de los municipios, que no cuentan con los recursos para enfrentar este compromiso. Se trata de un tema del cual abundaremos en el siguiente artículo, cuyas implicaciones son ahora claramente visibles y redobladas ante la sequía que padecemos.