Agua: municipalización de los servicios y su fracaso (III)

Después de casi 20 años de estabilidad y desarrollo del llamado “milagro mexicano”, con tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superiores al 6% y una relación peso-dólar que se mantuvo en los 12.50, el inadecuado manejo de las finanzas públicas de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo desencadenó una espiral inflacionaria, de tal forma que en 1982 se registró un incremento en el tipo de cambio de 27 a 150 pesos por dólar.

Cuando Miguel de la Madrid asumió la Presidencia de la República, en diciembre de 1982, la situación económica del país era extremadamente complicada. Para finales de 1983 el tipo de cambio pasó de 161 pesos por dólar, a 210 en 1984, alcanzó 453 en 1985 y 913 en 1986. El año siguiente el tipo de cambio ya cotizaba en dos mil 225 pesos por dólar y en 1988 llegó a los dos mil 298.

Resulta interesante recordar estos datos, ya que llevamos muchos años de haber logrado una estabilidad razonable, con inflación de un solo dígito y una paridad peso–dólar que, con algunas fluctuaciones, se ha logrado mantener: la paridad promedio en 2015 era de 16.84 pesos por dólar, muy similar a la actual (habría que recordar que la unidad monetaria de un peso actual o “nuevo peso” entró en vigor el 1º de enero de 1993 y corresponde a mil pesos de los emitidos antes de esta fecha).

Dado el contexto económico de 1983, para el gobierno federal era crucial encontrar salidas que permitieran disminuir la presión sobre las finanzas públicas.

Una de las decisiones más significativas —y políticamente aceptadas— fue la descentralización de la vida nacional, que para el caso particular de los servicios de agua generó dos efectos importantes: (i) trasladar la responsabilidad de la prestación de los servicios de agua a los municipios, que en su gran mayoría han demostrado no contar con las capacidades técnicas y financieras para hacerse cargo, y (ii) los presupuestos federales destinados al agua se redujeron inmediatamente en un 60 por ciento durante el sexenio de Miguel de la Madrid y el promedio las inversiones durante los últimos seis sexenios sólo representan 25 por ciento de lo que fueron en el pasado.

Indudablemente, es imperativo cambiar el modelo de gestión, con una clara y comprometida participación no sólo de las autoridades municipales, sino también de las estatales, junto con representantes de la propia sociedad, en juntas de gobierno que permitan reorientar la ruta de trabajo de los organismos operadores hacia una mayor eficiencia.

Además, es crucial reflexionar que cuando se realiza la planeación de una obra hidráulica no se busca resolver sólo las necesidades actuales, sino que se proyecta el crecimiento esperado de la población y la demanda con un horizonte de, por lo menos, los siguientes 30 años.

Bajo ese criterio fue como se construyó, durante los años setenta y principios de los ochenta, la infraestructura que mayoritariamente nos ha venido dando el servicio a las principales ciudades del país y, conforme va creciendo la población, las soluciones construidas hace décadas van resultando insuficientes.

Actualmente, ya es urgente no sólo construir lo necesario para mejorar los servicios y cubrir la demanda futura, sino también trabajar en la rehabilitación y reposición de las obras construidas hace 40 o 50 años que ya cumplieron con su vida útil.

Hoy resulta impostergable volver a invertir de manera significativa en materia de agua, por lo que encontrar soluciones para financiar lo necesario en este tema vital será uno de los principales desafíos que enfrentamos como mexicanos para el futuro inmediato.