Agua: municipalización de los servicios y su fracaso (II)

Durante un largo periodo, desde la colonia hasta los años ochenta, la responsabilidad de proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento fue principalmente del gobierno central. Es claro que, al considerar tanto la inversión en la construcción de la infraestructura como los costos de operación y mantenimiento, resultaba no sólo necesario canalizar un importante subsidio que crecía año con año, sino también el hecho de que se tenían servicios con grandes deficiencias y mínimos ingresos.

Seguramente la problemática y los costos involucrados en la gestión de cientos de sistemas hidráulicos a su cargo fue una de las principales causas que motivaron al gobierno federal a proceder, en 1983, con la municipalización de los servicios hidráulicos, entre otros.

A primera vista, esta decisión parecería adecuada y, de hecho, ha funcionado bien, pero en una minoría de casos, mientras que, para más el 95% de los organismos, la situación es muy complicada. Todo indica que descentralizar y delegar la función a la parte más débil de la cadena de gobierno no fue la correcta. Antes se debió analizar la capacidad financiera de los municipios para asumir esta responsabilidad, su capacidad institucional y técnica para gestionar eficazmente y, sobre todo, considerar las desigualdades regionales y la marcada diferencia que se tiene entre los diferentes municipios del país. Algo inobjetable es que cada año la situación, en general, es más complicada y con mayores deficiencias.

Un problema derivado con esta decisión es la corta duración de los periodos municipales, que no permiten la continuidad en las acciones, programas y toma de decisiones, ya que, si algún servicio requiere una visión a largo plazo, ése es el del agua. Conforme a estadísticas de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS), la duración promedio de los directivos de los organismos operadores es de 1.7 años. Con este periodo tan corto, la profesionalización y capacitación de los funcionarios ha sido muy deficiente.

Para el caso del agua, hubiese sido mucho más razonable y efectivo haber transferido la responsabilidad directamente a los gobiernos estatales, ya que éstos cuentan con mayores recursos, personal con mayor nivel tanto técnico como administrativo, además de una mayor permanencia en los cargos, lo que permite un más amplio horizonte para la toma de decisiones, aspecto fundamental para el sector agua. Es un hecho comprobable que los organismos a cargo de los gobiernos estatales son mucho más eficientes que el promedio de los municipales.

Con la reforma constitucional de febrero de 1983, no sólo se cometió el error de canalizar a una instancia de gobierno esta gran responsabilidad sin reflexionar sobre sus capacidades, sino que también, en paralelo, se redujeron significativamente los presupuestos federales destinados al sector agua, reflejándose en una baja importante en la construcción de la infraestructura hidráulica que requiere el país, la que no se ha desarrollado de manera proporcional al crecimiento poblacional. De 1983 a la fecha, México pasó de 73 millones de habitantes a 127 millones, lo que representa un crecimiento acumulado del 74 por ciento.

Es una realidad que la mayor parte de la infraestructura hidráulica con la que contamos viene de los años sesenta, setenta y principios de los ochenta. Ahora es necesario no sólo invertir mucho más en nueva infraestructura para atender a la población actual y prever su crecimiento, sino también en la reposición de la que nos ha venido dando servicio. Mejorar el modelo de gestión, así como encontrar caminos para financiar de manera sostenida lo necesario, no tan sólo en agua potable, sino también en infraestructura agrícola, seguramente representará uno de los mayores retos para los siguientes años, ya que el tiempo para implementar lo necesario se está agotando.