El salario nivelatorio: un planteamiento diferente

El salario mínimo es un tema que no ha sido fácil de abordar, durante décadas ha servido como una medida de referencia para pagar multas, cuotas o créditos hipotecarios, se ha vinculado a una serie de elementos que nada tiene que ver con la naturaleza de lo que representa, por ejemplo, lo mismo sirve para fijar el pago mensual de un crédito de vivienda del Infonavit, que para la tasación de multas o derechos establecidos en diversas leyes que conforman el marco jurídico de nuestro país.

Actualmente existen a nivel federal 294 ordenamientos jurídicos vigentes, de estos, 148 hacen referencia, dentro de sus disposiciones, a la figura del salario mínimo. En las entidades federativas y el Distrito Federal existe una situación similar, por ejemplo, en la capital del país hay 152 leyes vigentes y 59 de ellas se refiere al salario mínimo para algún efecto.

Sin duda, nos encontramos ante un reto importante, por un lado, incrementar el nivel de ingreso de los trabajadores y, por el otro, evitar que este incremento tenga un impacto inflacionario, como ocurrió en décadas pasadas. Por eso la gran interrogante es: ¿Cómo le hacemos para aumentar el ingreso de los trabajadores?

Necesitamos establecer las bases legales para que los empresarios y trabajadores, con acuerdos, con pactos individuales, por regiones y por empresas, en un marco de reciprocidad, concreten los acuerdos para que se mejore el ingreso del trabajador.

Para lograr esto, propuse una iniciativa que mantiene vigente el esquema del salario mínimo general actual, pero con la posibilidad de que los patrones o empleadores que tengan las condiciones financieras puedan pagar una retribución adicional que se denominará “salario nivelatorio”, el cual podrá ser de hasta 100% de un salario mínimo general del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo.

Esta retribución será establecida como resultado de la negociación individual que se dé entre el patrón y el trabajador, bajo los lineamientos que en su momento la reglamentación correspondiente establezca para esta negociación, y por ningún motivo será considerada para el cálculo y pago de las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan al trabajador, de conformidad con las leyes federales y estatales, ni de la negociación contractual colectiva entre empleado y empleador, salvo las fracciones que anualmente se traspasen del “salario nivelatorio” a la nómina tradicional.

Los empleadores que paguen esta remuneración tendrán el beneficio de deducirla íntegramente, desde luego, pero sin ser castigados con impuestos por aumentarle la percepción a sus trabajadores.

La mejor forma de alentar este acuerdo es la exención total de impuestos o cargas de seguridad social para empleador y trabajador, lo que se integrará a lo largo de diez años, 10% anual, al esquema tradicional de nómina. Es un aumento al ingreso del trabajador, sin tocar para nada ese índice nacional llamado “salario mínimo”.

De aprobarse la creación de esta figura, los trabajadores tendrán un incremento inmediato en sus ingresos, fortaleceríamos el mercado interno, contribuyendo a cumplir el mandato plasmado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”

Esta deuda social que tenemos con la clase trabajadora requiere el esfuerzo y la participación tanto del Estado como de los patrones y de los trabajadores.

La propuesta está en la mesa, sin duda demanda un análisis serio y transparente del Congreso de la Unión, privilegiando en todo momento el bienestar social de la clase trabajadora en nuestro país.

            *Senador de la República

            por el estado de Chihuahua