¿Y para cuándo la verdad-verdad?

Cinco años y nueve meses después de esos terribles hechos es mucho mayor la incertidumbre que la certeza respecto de ese caso.

Ayer, en un mensaje grabado, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer avances en la investigación sobre el crimen de Iguala, que se comprometió a reemprender de cero.

No se había visto a Gertz desde principios de año, cuando habló públicamente de las reformas que, a su juicio, tendrían que realizarse por parte del Congreso de la Unión para “evitar que las calles se conviertan en territorio sin gobernabilidad”.

Su reaparición vino con la noticia de que la FGR había solicitado órdenes de aprehensión contra 46 implicados en el caso Ayotzinapa, que se sumarían a la ya obtenida contra Tomás Zerón de Lucio, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal y a quien se señaló por alterar evidencias.

Aunque este último tema acaparó titulares en los portales informativos ayer por la mañana, no es nuevo en estricto sentido. Desde septiembre del año pasado, la FGR había dicho que iría por funcionarios que habían incumplido su deber en el contexto de las pesquisas, y en marzo se había publicado que existía una orden de aprehensión contra Zerón e incluso que éste había huido del país para no ser detenido, como ayer confirmó el fiscal.

Honestamente, pocas cosas han sucedido en torno del caso en los 19 meses de la presente administración (que se cumplen justo hoy).

Se creó una Comisión de la Verdad, que no ha revelado nada. Se han realizado varias visitas de inspección en Guerrero, en compañía de los padres de los desaparecidos, que no han arrojado un solo dato nuevo. Y, en ese tiempo, los jueces han liberado a decenas de detenidos por el caso, aprehendidos el sexenio pasado.

Entre las pocas cosas relevantes está la detención, en marzo pasado, de tres servidores públicos, quienes habrían detenido y torturado a Carlos Canto Salgado, profesor de secundaria que fue acusado de pertenecer a la banda Guerreros Unidos, así como la aprehensión, hace unos días, de Luis Ángel Casarrubias Salgado, hermano de Sidronio, a quien aquél sucedió en la dirigencia del grupo criminal, señalado como responsable de desaparecer a los estudiantes normalistas.

“Se acabó la ‘verdad histórica’”, afirmó Gertz en su videomensaje de ayer. En realidad, ya estaba herida de muerte –al menos en lo que toca a la aplicación de la justicia–, con la liberación de por lo menos 81 de los primeros 142 detenidos por el caso.

Ahora la FGR, a cargo de Gertz, y la Unidad Especial de Investigación y Litigación, encabezada por Omar Gómez Trejo, tendrán que hacer realidad la promesa de López Obrador.

Éste convirtió la resolución del caso en uno de los principales ofrecimientos de su campaña, que concluyó hoy hace dos años con su elección como Presidente de la República.

Sólo se sabe con certeza de la suerte de uno de los sustraídos, Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron identificados por el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, al que la FGR –anunció Gertz– volverá a recurrir para dilucidar más evidencias.

Y aunque los familiares de los normalistas han insistido en que se procese a los funcionarios que condujeron las pesquisas en la anterior administración –Zerón, entre ellos–, difícilmente se podrá cerrar el caso sin aclarar qué pasó con el resto de los muchachos y no sólo quién hizo un mal trabajo.

Ayer, Gertz anunció que la FGR había solicitado ante un juez de distrito 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero. “A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada”, detalló. A reserva de que se les detenga y judicialice, parece seguir faltando la pieza principal de la elusiva verdad-verdad: dar con el paradero de los desaparecidos.