En la conferencia de prensa de ayer en Palacio Nacional, se cumplió con la promesa de ofrecer un informe detallado sobre las solicitudes de extradición que México ha planteado a Estados Unidos.
La respuesta oficial ante la presión de Washington –que exige la entrega de diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya– consistió en un categórico golpe de datos.
Las cifras oficiales presentadas son contundentes: del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha formulado 269 requerimientos de extradición al vecino del norte y, hasta la fecha y según lo presentado, ninguno ha sido concedido.
El desglose revela que 36 peticiones fueron negadas en firme y 233 permanecen congeladas en el limbo burocrático estadunidense. Asimismo, se informó que en 47 de 50 solicitudes de detención provisional, Washington ha exigido a México información adicional antes de mover un dedo. Al amparo de estos números, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió una reciprocidad elemental.
En términos diplomáticos y de soberanía, la postura mexicana es correcta. Sin embargo, el impecable blindaje discursivo de la reciprocidad no debe convertirse en una cortina de humo que justifique la inacción de la justicia mexicana intramuros. Exigir respeto a Washington es válido, pero eludir la investigación de personajes señalados en territorio nacional por actividades presuntamente vinculadas al narcotráfico es una omisión imperdonable. El caso de Sinaloa es el ejemplo más lacerante de esa parálisis.
Sobre Rubén Rocha Moya pesa la versión, jamás investigada a fondo, de que estuvo presente en el lugar conocido como Huertos del Pedregal, aquel 25 de julio de 2024, día en que Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado, amarrado y subido en un avión para ser llevado a Texas. Mientras la justicia estadunidense opera, las autoridades de procuración de justicia locales y federales no han molestado al mandatario con licencia ni con un solo citatorio.
Ese mismo día fue asesinado Héctor Melesio Cuén, rival político de Rocha Moya. La Fiscalía sinaloense montó un burdo engaño simulando un asalto en una gasolinería; fue una farsa que la Fiscalía General de la República desmintió posteriormente, pero por la cual nadie ha pisado la cárcel pese a la evidente obstrucción de la justicia.
Las sospechas se extienden a su entorno cercano. Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Rocha Moya, acaba de entregarse voluntariamente a la justicia de Estados Unidos, un acto que grita culpabilidad y que expone la ineficacia mexicana. Díaz aparentemente adquirió numerosas propiedades en Sinaloa utilizando dinero en efectivo, transacciones que jamás encendieron las alarmas de las autoridades hacendarias ni motivaron pesquisa alguna.
A este panorama se suma el olvido institucional de las denuncias sobre los secuestros de representantes electorales de la oposición durante los comicios de junio de 2021, proceso que llevó a Rocha Moya al poder.
Es justificable que México exija un trato recíproco a Estados Unidos, asumiendo, por supuesto, los costos de la asimetría bilateral. Lo que resulta intolerable es que la procuración de justicia interna aplique criterios estrictamente partidistas.
La selectividad de la FGR es pasmosa cuando se compara el celo con el que indaga la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua frente a la forma con la que arrastra los pies en la desaparición en Mazatlán del joven duranguense Carlos Emilio Galván Valenzuela, visto por última vez en un restaurante bar propiedad del entonces secretario de Economía de Rocha Moya. ¿A cuántos testigos ha llamado la FGR en uno y otro caso? El imperativo moral y legal obligaba a priorizar la búsqueda del joven.
Como señalé ayer en este espacio, la única forma de disipar la sospecha de que se protege a correligionarios vinculados al crimen o a la corrupción es permitir que las fiscalías actúen con verdadera autonomía, transparencia y rigor, sin importar que el investigado porte o no un carnet guinda.