Seis meses que sacudirán a la 4T

A las 12:30 horas del viernes, Ovidio Guzmán López se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego ante la corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, en Chicago.

Cinco veces preguntó la jueza Sharon Coleman al hijo de El Chapo Guzmán, quien se mostraba muy demacrado, si estaba seguro de admitir su responsabilidad por la comisión de una serie de delitos, que podría llevarlo a ser condenado a cadena perpetua.

Tras su extradición, en septiembre de 2023, Ovidio Guzmán se había declarado inocente pero, luego de un acuerdo alcanzado con los fiscales estadunidenses —impulsado por la entrega, hace casi un año, de Ismael El Mayo Zambada—, decidió reconocer su participación en el imperio criminal fundado por su padre y el propio Zambada. Pero ¿en qué se fincó ese cambio de parecer, luego de 22 meses de encierro en EU?

Claramente, en lo que planteó ante la jueza Coleman el fiscal Andrew Erskine: la posibilidad de acceder a una pena reducida a cambio de colaborar con información, asistencia y testimonios en las investigaciones y procesos que el Departamento de Justicia tiene abiertos en contra de otros capos, cosas que deberá cumplir —durante un lapso de seis meses, al cabo de los cuales se le fijará la condena— y hacerlas a entera satisfacción del gobierno estadunidense.

Por eso cabe esperar que durante el próximo semestre cobre efecto la información que ha entregado y seguirá entregando Ovidio Guzmán a las autoridades de la Unión Americana y que se usará en pesquisas y juicios, como los que enfrenta El Mayo Zambada. El testimonio que eventualmente proporcione el hijo de El Chapo podría revelar conexiones entre los mundos de la política y el crimen, posibilidad que ha comenzado a generar nerviosismo entre altos cargos del oficialismo en México.

No se puede entender de otro modo el rechazo que ha producido en ese círculo el acuerdo alcanzado entre Ovidio Guzmán y los fiscales, pues exponer la corrupción que ha permitido el florecimiento del crimen organizado en México a lo largo de décadas debiera ser algo bienvenido.

Más allá de los intereses que representa, tiene razón el abogado Jeffrey Lichtman, del equipo de la defensa legal de Ovidio Guzmán: si el gobierno mexicano se hubiera dedicado con el mismo ahínco a perseguir a El Mayo Zambada, del que ha mostrado al rechazar la entrega de éste a autoridades estadunidenses en julio del año pasado, quizá el Cártel de Sinaloa nunca hubiera sido la formidable organización que llegó a ser, con tentáculos que han alcanzado los cinco continentes y ganancias ilegales exorbitantes.

Las autoridades mexicanas han tenido muchas oportunidades para limpiar la casa de corrupción y no han llegado muy lejos. De hecho, ése fue el principal mandato que dio el electorado a Andrés Manuel López Obrador al llevarlo a la Presidencia en 2018, pero el tabasqueño no sólo no actuó en consecuencia, sino que él y varios de sus colaboradores dieron señales de tener cercanía con los grupos criminales, cuya impunidad y margen de acción sólo se ampliaron durante su sexenio.

Las facturas por esa inacción y por una posible complicidad parece que comenzarán a cobrarse desde fuera del país. Y poco podrán hacer por desacreditar lo que revele Ovidio aquellos que avalaron sin cuestionamiento las acusaciones y la condena al exsecretario Genaro García Luna con base en testimonios semejantes.

• BUSCAPIÉS

“México me ha ayudado a asegurar la frontera, pero no ha hecho suficiente: no ha evitado que los cárteles conviertan la región norteamericana en un patio de recreo del narcotráfico”, aseveró Donald Trump en la carta que envió el propio viernes a Claudia Sheinbaum para justificar su decisión de que las exportaciones mexicanas paguen 30% de aranceles. La incertidumbre causada por la política comercial de Trump seguirá persiguiendo a la economía mexicana, otro factor que complicará la gestión de la Cuatroté en el semestre que recién se ha iniciado.