El “no somos represores” y el vandalismo de ayer

Pascal Beltrán del Río

Pascal Beltrán del Río

Bitácora del director

La retórica oficial suele convertirse en el peor enemigo del orden público cuando se confunde la prudencia con la abdicación de la autoridad.  

Durante las últimas semanas, se han escuchado desde el Palacio Nacional y el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México la misma cantaleta: “Nosotros no somos represores, no somos Díaz Ordaz”. Esa declaración, lejos de funcionar como una garantía de libertades democráticas o un compromiso de respeto a los derechos humanos, ha operado en la práctica como un peligroso llamado indirecto a cometer actos de vandalismo, una patente de corso para la violencia callejera que encuentra cobijo en la certidumbre de la impunidad absoluta.

Este discurso oficial guarda una alarmante similitud con la estrategia de “abrazos, no balazos” que alentó y fortaleció a la delincuencia organizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al igual que aquella máxima que desarmó moralmente a las fuerzas del orden frente a los cárteles, el estribillo de “no somos represores” envía una señal nítida a los grupos radicales: el Estado ha renunciado de antemano al uso legítimo de la fuerza. 

La renuencia de la autoridad a aplicar la ley genera un vacío que los violentos no tardan en llenar, sabiendo que la contención policial está maniatada por el temor político de los gobiernos actuales a ser comparados con regímenes del pasado. 

El síntoma más depurado de esta claudicación es el denominado Bloque Negro, un conjunto de grupos de acción directa e insurrección urbana, integrada por encapuchados que se identifican como anarquistas. Su objetivo no es la protesta civil, sino la destrucción de la infraestructura urbana, el saqueo y la confrontación física con los cuerpos de seguridad. 

La audacia de estos grupos ha crecido al amparo de la tolerancia gubernamental. Basta recordar la más reciente conmemoración del 2 de octubre, cuando integrantes de este bloque atacaron de forma directa a los elementos policiacos, llegando al extremo de quemar a policías con gasolina y artefactos explosivos. Aquella brutal agresión, que dejó decenas de uniformados hospitalizados, concluyó sin consecuencias legales significativas, consolidando la noción de que en la capital del país la violencia política goza de inmunidad protectora.  

Las consecuencias de este repliegue institucional se manifestaron con crudeza ayer. Mientras el país entero ponía la mirada en el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica, las inmediaciones del Estadio Ciudad de México se convirtieron en un escenario de desmanes. Alrededor de 400 jóvenes de colectivos anarquistas irrumpieron por la avenida del Imán, rompiendo los filtros de seguridad ante la total impotencia de voluntarios y policías auxiliares que optaron por replegarse. 

Con consignas radicales, el contingente avanzó grafiteando fachadas, destrozando el mobiliario urbano y vandalizando el transporte público. El punto más álgido de la jornada ocurrió sobre la calzada de Tlalpan y las puertas del recinto deportivo, donde el Bloque Negro desató un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana utilizando piedras, palos y presuntas bombas molotov. 

El saldo de la jornada incluyó la suspensión total del servicio del Tren Ligero, el medio de transporte que la administración de Clara Brugada había presumido como el eje de movilidad para el torneo. Los manifestantes arrancaron las cercas de protección y arrojaron vallas metálicas a las vías, forzando el cierre temporal de la línea por la ausencia de garantías mínimas de seguridad. 

El gobierno que tanto insistió en desmarcarse de Díaz Ordaz terminó recurriendo al uso de gases para contener el caos en las calles. La insistencia en el discurso de la no represión no ha evitado el conflicto; por el contrario, ha pavimentado el camino para que el vandalismo secuestre los espacios públicos bajo la complacencia de una autoridad paralizada por sus propios complejos históricos.

Por enésima vez: no se pide que la autoridad reprima, sino que aplique la ley, y no obligue a los contribuyentes a pagar por los desmanes que ella no quiere evitar. Sólo eso.