Las cifras oficiales, presentadas con el rigor de la estadística y el optimismo del deber cumplido, nos ofrecen una narrativa de pacificación que parece ganar terreno en los tableros de control de Palacio Nacional. La reducción de 44% en el promedio diario de homicidios dolosos entre octubre de 2024 y febrero de este año es, sin duda, un dato que cualquier administración querría enmarcar.
Pasar de 86.9 a 48.8 asesinatos al día no es una variación menor; es un alivio numérico que sugiere que la estrategia de inteligencia, la coordinación con los estados y la captura de más de 46 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto están moviendo la aguja de la seguridad pública. Sin embargo, detrás de la asepsia de los gráficos de barras y las tendencias a la baja, late una realidad mucho más oscura que las autoridades prefieren omitir o, al menos, no poner bajo el mismo reflector.
El informe Geografías de la crueldad, presentado hace unos días por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, nos obliga a mirar hacia donde la estadística oficial no llega. Mientras el gobierno celebra el “febrero más bajo de los últimos diez años”, la academia advierte sobre una paradoja inquietante: la reducción de los homicidios no necesariamente equivale a una reducción de la violencia.
Por el contrario, lo que estamos presenciando en vastas zonas del territorio nacional es la consolidación de un orden criminal que ya no necesita matar para mandar. El documento de la Ibero plantea que, en muchos casos, la baja en la letalidad responde a una “pax criminal”, donde el control de los grupos delictivos es tan absoluto que el asesinato público se vuelve innecesario o incluso contraproducente para sus fines económicos de control territorial.
El contraste es brutal cuando dejamos de contar cadáveres y empezamos a medir la degradación del tejido social. El informe pone el dedo en la llaga al señalar que México ha registrado niveles de violencia contra la niñez superiores a los de países en guerra abierta como Ucrania o Irak. ¿Cómo se explica que los homicidios bajen mientras un promedio de 2.2 niñas, niños y adolescentes mueren violentamente cada día? La respuesta yace en la naturaleza misma de la crueldad actual. Ya no hablamos sólo de rivalidades entre cárteles, sino de una violencia que se ensaña con los más vulnerables como un mecanismo de control social. Los “necroespacios” y “necrozonas” identificados por los investigadores universitarios son lugares donde el Estado ha contraído sus instituciones, dejando el paso libre a mercados criminales que imponen su propia ley a través del terror, las desapariciones, el desplazamiento forzado y la extorsión sistemática.
El ciudadano que vive bajo el yugo del cobro de piso o que es obligado a abandonar su hogar —como ocurrió con las 29 mil personas desplazadas forzadamente en 2024, principalmente en Chiapas y Sinaloa— encuentra poco consuelo en saber que los homicidios nacionales van a la baja. Para ellos, la violencia no ha disminuido; simplemente ha cambiado de rostro, volviéndose más silenciosa pero igual de letal para la libertad y la dignidad humana.
El mérito de este análisis —en el que también participaron México Evalúa, El Colegio de México y el Seminario sobre Violencia y Paz— radica en recordarnos que la seguridad es un concepto cualitativo, no sólo cuantitativo. Un país puede tener menos entierros y, al mismo tiempo, estar más sometido. La estrategia gubernamental de apostar por la inteligencia y la captura de objetivos es necesaria, pero resulta insuficiente si no se atiende la expansión territorial de la crueldad.
Al final del día, la pregunta no es sólo cuántos mexicanos mueren, sino cómo viven los que quedan en esas geografías donde la ley del Estado ha sido sustituida por el arbitrio de la crueldad. Ignorar este contraste es aceptar un espejismo de paz sobre un territorio que sigue sangrando por heridas que la estadística oficial se niega a reconocer.