Más vale una cárcel en Estados Unidos que una tumba en México

Antes de emprender su guerra contra el Estado colombiano –con acciones terroristas como el atentado con bomba contra el vuelo 203 de Avianca, que dejó un centenar de víctimas–, el grupo de Los Extraditables, encabezado por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, lanzó una proclama que dejó claras sus intenciones: “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”.  

En el caso de los exfuncionarios mexicanos que la semana pasada decidieron entregarse a la justicia estadunidense, el general en retiro Gerardo Mérida y el empresario Enrique Díaz, las cosas parecen ser al revés de lo que plantearon aquellos criminales hace 40 años en el país sudamericano. Ellos ya mostraron que prefieren una cárcel en Estados Unidos que arriesgarse a que los maten en México.

En todo caso, no hay muchos motivos para ir a dar voluntariamente al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde se encuentra recluido Mérida. Esa cárcel federal, ubicada al sur de la ciudad de Nueva York, tiene una larga historia de pobres condiciones de alojamiento y maltrato de los internos por parte de los custodios.

La decisión de los dos acusados –excolaboradores del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya– de ir allí y no aceptar la protección del gobierno mexicano, que ha exigido que Estados Unidos mande “pruebas” antes de proceder a cualquier extradición, puede tener varias causas. Sin embargo, cualquier escenario de permanencia en México les pareció peor que entregarse a la justicia de un país donde podrían enfrentar un encarcelamiento duro y una sentencia larga, aunque también acceder a una negociación que atenúe una cosa y la otra.

En el cálculo de Mérida y Díaz pudieron haber estado varias cosas: desde la convicción de que tarde o temprano caerían en manos de los fiscales estadunidenses –y que más vale ser los primeros en negociar un acuerdo de culpabilidad–, hasta la posibilidad de ser víctimas de un atentado por la cantidad de información que evidentemente poseen.

La presidenta Claudia Sheinbaum refutó ayer que la entrega de los dos imputados –que calificó como una decisión personal– represente un riesgo para su gobierno. Eso, creo, dependerá de la información que estén dispuestos a proporcionar Mérida y Díaz. Si las evidencias que aporten fundamentan las acusaciones de que el gobierno de Rocha Moya se asoció con el Cártel de Sinaloa o, peor, si muestran que la penetración del crimen organizado ascendió aún más alto por la escalera del poder en México, las consecuencias podrían ser imprevisibles.

Hay que tener en mente la revisión del T-MEC que está en marcha, y que llevar a buen puerto dicho proceso depende en buena medida de mantener estable la relación bilateral.  

Con un estancamiento económico que ofrece poco margen de maniobra, el gobierno no puede darse el lujo de alimentar una maquinaria implacable como la de la justicia estadunidense. La única salida posible, lo decía aquí ayer, es que México mismo se haga cargo de los casos de corrupción entre sus servidores públicos y se vuelva realidad la consigna de la presidenta Sheinbaum, de que nadie deshonesto se oculte “bajo el halo de la trasformación”. 

BUSCAPIÉS

*La iniciativa para recorrer un año la realización de la segunda parte de la elección de juzgadores parece tener menos que ver con facilitar la vida a los votantes que atenuar los efectos negativos de la reforma judicial sobre la economía. Dichas modificaciones constitucionales, que siempre fueron vistas como innecesarias por la mayoría de los expertos, han generado una crisis de confianza entre los inversionistas que sólo se acabaría de arreglar si se revirtieran por completo.