“Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño, quien ha sido nombrado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, como director general de Centros de Formación para el Trabajo. Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la educación media superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional”.
Con esas palabras, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio cuenta, el lunes, del regreso de Garduño al servicio público, luego de haberse desempeñado como director general del Instituto Nacional de Migración (INM), entre el 14 de junio de 2019 y el 30 de abril de 2025.
Durante ese periodo se incendió la estación migratoria de Ciudad Juárez. El 27 de marzo de 2023, 40 personas murieron y otras 28 resultaron gravemente heridas luego de que los encargados del centro de reclusión no abrieron las puertas para que los internos pudieran ponerse a salvo. Éstos, presuntamente, habían prendido fuego a sus colchonetas como medida de protesta por las lamentables condiciones de reclusión.
Nunca imaginaron que sus carceleros los dejarían a merced de las llamas. Imágenes de cámaras de videovigilancia obtenidas por los medios mostraron a personal del INM huyendo de lugar mientras los detenidos se quedaban encerrados.
Aunque Garduño fue sometido a un supuesto proceso de investigación, no fue removido del cargo. Es más, siguió al frente del Instituto con el cambio de sexenio, hasta fines de abril pasado, pese a que, meses antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado que el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, encabezaría el organismo. El relevo ocurrió casi cinco meses después de que éste concluyó su periodo como mandatario estatal.
¡Qué suerte, la de Garduño! No enfrentó consecuencias, ni políticas ni legales, del incendio en Ciudad Juárez, pese a que, después de la tragedia, hubo graves denuncias de corrupción en torno de la operación del centro migratorio (en realidad, una cárcel). Tampoco tuvo prisa en entregar la estafeta, con todo y que fue reconvenido por la secretaria de Gobernación. Y, ahora, luego de pasar apenas ocho meses en la banca, ya consiguió dejar de vivir en el error, que, como dice el adagio de la política mexicana, es vivir fuera del presupuesto.
Nada de eso puede entenderse sin tomar en cuenta la añeja relación que Garduño tiene con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (cuyo hijo Andy, por cierto, volvió a entrar a Palacio Nacional el mismo día en que Delgado anunció la incorporación a su equipo del exdirector general del INM).
Lo de menos es que Garduño no tenga la menor experiencia en materia educativa o laboral. De acuerdo con su biografía, es optometrista por el Instituto Politécnico Nacional y abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana.
Tampoco, que el cargo que va a ocupar tenga que ver —al menos en el papel— con ayudar a los jóvenes a mejorar sus perspectivas laborales mediante la capacitación. Como si México estuviera boyante en la creación de empleos, el país ahora tendrá a Garduño como responsable de esa área, cuyos antecedentes están en la escuela de artes y oficios del cardenismo.
Y es que lo importante en la autodenominada Cuarta Transformación, para colocarse y mantenerse en el presupuesto, es la cercanía con el poder y, mejor aún, estar en la órbita del sol fundador del movimiento.
El calor que éste irradia es suficiente para aislar a cualquiera de enfrentar consecuencias en su paso por el servicio público. Y si no, que le pregunten a Hugo López-Gatell, instrumentador de la desastrosa política de salud pública durante la pandemia de covid, a quien nombraron titular de una embajada que no existe; a Ignacio Ovalle, quien encabezaba Segalmex cuando ocurrió el enorme desfalco en esa dependencia; a Juan Antonio Ferrer, extitular del Insabi, zona cero del desabasto de medicamentos, y a muchos más, cubiertos por el manto protector del caudillo tabasqueño.
Todos ellos cumplen con las características del “funcionario ejemplar” de la Cuatroté: lealtad sin capacidad, indolencia sin castigo, y denuncias de corrupción sin rendición de cuentas.