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¿López Mateos o López Portillo?

Pascal Beltrán del Río

Pascal Beltrán del Río

Bitácora del director

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se formó en el pensamiento nacionalista revolucionario del PRI —y, se puede afirmar, sigue comulgando con sus tesis—, ha sido un crítico constante del giro que dio ese partido en 1982 para adoptar los postulados de la economía liberal.

A partir de entonces, ambas corrientes coexistieron en el partido, aunque una parte de los tradicionalistas salió de él en 1987 cuando el presidente Miguel de la Madrid escogió como su sucesor al entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.

López Obrador no abandonó de inmediato del PRI para seguir a Cuauhtémoc Cárdenas y a los miembros de la Corriente Democrática, sino esperó a ver cómo se resolvía la sucesión en su natal Tabasco. Sólo dio el paso de costado cuando vio que la candidatura priista a la gubernatura no sería para él.

Otros nacionalistas revolucionarios permanecieron un tiempo más largo en las filas del tricolor, pese al afianzamiento que tuvieron las ideas de libre mercado durante los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Incluso, puede decirse que a cuatro décadas del destape de Miguel de la Madrid (25 de septiembre de 1981) las tesis de la Revolución Mexicana —entre ellas la fe ciega en la rectoría del Estado— no se han desvanecido del todo en el PRI y siguen teniendo adeptos entre los militantes de la organización.

Lo que los nostálgicos olvidan a menudo es que el (neo)liberalismo no se adoptó en el entonces partido hegemónico como una ocurrencia, sino fue producto de una respuesta necesaria al desastre económico de los dos sexenios anteriores, los de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo.

En ese periodo, conocido como la Docena Trágica, México sufrió las consecuencias de un excesivo endeudamiento, como una inflación acumulada de 126% con Echeverría, 418% con López Portillo y más de 4 mil por ciento con De la Madrid. Este último se vio obligado a aplicar una política económica de choque, bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional, para evitar que el país se fuera a pique.

Más que parecerse a algo aprobado en tiempos de los presidentes Lázaro Cárdenas o Adolfo López Mateos, la iniciativa de contrarreforma energética hoy en el Congreso se asemeja a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, promulgada el 22 de diciembre de 1975, cuando José López Portillo ya andaba en campaña por la Presidencia, como candidato único. En ella se estableció que correspondía exclusivamente a la nación la generación, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica para su prestación como servicio público.

López Portillo no sólo fue director general de la Comisión Federal de Electricidad entre febrero de 1972 y mayo de 1973 –a mediados del sexenio de Echeverría—, sino que la central termoeléctrica ubicada en Nava, Coahuila, lleva su nombre. A principios de este año, por cierto, la CFE puso al aire una campaña de ahorro de luz casi idéntica a la que se usaba en aquellos tiempos y que decía “ayude un poco aflojando un foco”.

 

BUSCAPIÉS

Hoy 8 de octubre se cumple un año de que el Presidente ofreció dar a conocer, en un lapso de diez días, las pruebas de la corrupción que, sostiene él, existió en los 109 fondos y fideicomisos que fueron extinguidos por el Congreso de la Unión. Pese a que a lo largo de estos 12 meses el mandatario ha señalado reiteradamente los “actos de robo” que presuntamente ocurrieron en el Fonden y otros fideicomisos, dicho informe no se ha hecho público. La lucha contra la corrupción no debe ser meramente declarativa. Si hubo irregularidades en el manejo de esos recursos –en total, unos 68 mil millones de pesos–, tendría que haber personas imputadas por delitos concretos.

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