La normalidad del barrio de Argüelles, en Madrid, se vio sacudida ayer por un acontecimiento que estremece los cimientos políticos de España: la irrupción de la policía en la sede central del PSOE, en la emblemática calle Ferraz, para investigar una trama de corrupción que salpica al entorno del presidente Pedro Sánchez.
Ver a las fuerzas de seguridad registrar los archivos del partido gobernante por orden de la justicia –y cómo imputó a la gerente de la organización, por confabularse con otros para desacreditar a mandos de la Guardia Civil– demuestra que los contrapesos democráticos funcionan en aquel país. Un escenario semejante, donde las instituciones de procuración de justicia autónomas actúan de manera firme sin mirar las siglas del poder político, es hoy una fantasía absoluta en México.
Acá, el gobierno y las instituciones competentes incluso han salido en defensa de los políticos sinaloenses imputados por los fiscales estadunidenses por vínculos con la delincuencia organizada, y sólo han actuado a medias después de que el secretario de Seguridad Interior de EU visitó la Ciudad de México y sostuvo una reunión a puertas cerradas en Palacio Nacional.
Antes que extraditarlos –como solicita Estados Unidos–, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido que Washington muestre las evidencias contra ellos e incluso ha justificado su inacción por lo que califica como una falta de reciprocidad en las peticiones de extradición.
En los casos del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y de su exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, ha habido señalamientos concretos. Sobre Rocha Moya existe la especie de que estuvo en el lugar conocido como Huertos del Pedregal el día que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado y amarrado, antes de ser subido a un avión que lo llevó a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024. Esa versión nunca ha sido investigada a fondo ni el gobernador ha sido molestado por las autoridades (en todo caso, no se conocen los temas sobre los que versó el citatorio al que acudió el martes en Culiacán).
En aquella ocasión, Héctor Melesio Cuén, rival político de Rocha Moya, fue asesinado; el crimen se presentó engañosamente como un asalto en una gasolinería que la fiscalía local validó y luego la Fiscalía General de la República desmintió, sin que nadie haya ido a prisión por esa obstrucción.
Por su parte, Enrique Díaz —quien aparentemente se entregó a la justicia estadunidense, revelando su probable culpabilidad— adquirió inmuebles en efectivo sin que eso produjera alguna alerta hacendaria. Tampoco hay pesquisas sobre los secuestros de representantes electorales de la oposición en los comicios de 2021, cuando resultó electo Rocha Moya.
Otro ejemplo de político intocable es el senador Adán Augusto López Hernández, quien nombró como jefe policial en Tabasco a Hernán Bermúdez, identificado como líder del grupo La Barredora. Pese a que el legislador manifestó su abierta disposición a cooperar, jamás ha sido interrogado ni como testigo. Así se ve cómo el oficialismo mexicano jamás inoportuna a sus miembros más encumbrados.
Es altamente inquietante que la procuración de justicia en México tenga evidentes criterios partidistas. E increíble, la diferencia con la que la FGR trata el caso de la presunta presencia de agentes de la CIA en Chihuahua. La fecha y el lugar del citatorio a la gobernadora Maru Campos se hicieron públicos –ella estaba convocada ayer en Ciudad Juárez, aunque de última hora decidió presentarse en las oficinas centrales de la dependencia en la Ciudad de México–, mientras que no existió aviso previo de las “entrevistas”, que, en calidad de testigos, se hicieron a Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza.
Escribí aquí hace unos días que la única manera en que el gobierno federal puede eliminar cualquier sospecha de estar protegiendo a sus correligionarios señalados por vínculos con el narcotráfico u otros graves casos de corrupción, y de estar hostigando a los opositores sin ánimos de hacer justicia, es dejar que las fiscalías hagan su trabajo de forma transparente y autónoma. Aunque para eso quizá tendría que cambiarlas por completo.