Las nuevas facultades de la Guardia Nacional. ¿A quiénes investigará?
En el Congreso de la Unión se inició ayer un Periodo Extraordinario de Sesiones. Entre los asuntos a discutir está una reforma a la Guardia Nacional, agendada para hoy en la Cámara de Diputados. La iniciativa, cuyo dictamen ya fue aprobado, busca adscribirla de ...
En el Congreso de la Unión se inició ayer un Periodo Extraordinario de Sesiones.
Entre los asuntos a discutir está una reforma a la Guardia Nacional, agendada para hoy en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, cuyo dictamen ya fue aprobado, busca adscribirla de forma definitiva a la Secretaría de la Defensa Nacional, otorgándole un carácter netamente castrense. Más allá de la polémica sobre la militarización, mi atención se centra en un punto crucial: las nuevas facultades de inteligencia e investigación que se le pretenden otorgar, incluyendo operaciones encubiertas e incluso la intervención de comunicaciones.
Casualmente, esta discusión ocurre al mismo tiempo que el gobierno de España enfrenta su peor escándalo en siete años, que ha provocado la renuncia de importantes figuras del Partido Socialista, cercanas al presidente Pedro Sánchez, que han sido manchadas por señalamientos de corrupción.
¿Qué tienen en común ambos temas? Que la Guardia Civil española, un órgano que tiene semejanzas con la Guardia Nacional mexicana, está en el centro de las investigaciones que han sacado a la luz las presuntas complicidades del exsecretario de Organización del PSOE y exnúmero tres del gobierno, Santos Cerdán; el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y el asesor de éste, Koldo García Izaguirre, con cuyo nombre ha bautizado la prensa el escándalo.
Los entretelones de la trama, en la que el trío mantuvo comunicaciones para obtener comisiones a cambio de contratos con el gobierno, fue revelada por un órgano de la Guardia Civil, denominado Unidad Central Operativa. Creada en 1987, la UCO se encarga de la investigación y persecución de las formas más graves de delincuencia y crimen organizado en España, incluida la corrupción. Su mando recae en un coronel de la Guardia Civil.
Que la investigación que detonó el escándalo Koldo la llevaran la Guardia Civil y su élite investigadora demuestra la autonomía de esa institución respecto del gobierno, y hace que uno se pregunte si la reforma que está en proceso en México, y que busca dotar a la Guardia Nacional de capacidades de inteligencia e investigación –como las que tiene la Guardia Civil en España–, dará lugar a pesquisas que pudieran tener como blanco a altos funcionarios, como ha sucedido en el país europeo.
No me hago ilusiones, desde luego, pero sería lógico que si la Guardia Nacional va a investigar, por ejemplo, las operaciones del crimen organizado, que también tuviera la capacidad legal y la voluntad de indagar hasta dónde participan servidores públicos en delitos como tráfico de drogas y de personas, extorsión y robo y contrabando de combustibles.
Diversos trabajos académicos han demostrado que el crimen organizado no existiría sin la participación, complicidad o inacción deliberada de autoridades. Es el caso de Redeploying the State: Policing Transnational Crime in the Post-Cold War Era, del catedrático estadunidense Peter Andreas.
En este estudio, el profesor de la Universidad de Brown argumenta que la relación entre el crimen organizado y el Estado a menudo implica una coexistencia compleja y, en muchos casos, una co-constitución mutua. Andreas detalla cómo la inacción deliberada, la corrupción activa o la manipulación de las leyes por parte de actores estatales son elementos intrínsecos que permiten que las redes criminales prosperen y se mantengan.
Si las investigaciones que emprenderá la GN con la reforma no podrán destejer las redes de complicidad entre delincuentes y autoridades, sin dejar fuera a ningún partido político, lo más seguro es que las nuevas capacidades sean limitadas o funcionen a conveniencia. En una de ésas, servirán más para acalambrar a críticos y opositores que para librar al país de la peste criminal.
Buscapiés
*Los hechos en Oriente Medio demostraron que Donald Trump no sólo puede emprender acciones militares sin consecuencias negativas para él, sino que hasta puede beneficiarse políticamente de ellas. Visto lo sucedido luego de su ataque contra Irán, ¿por qué habría de limitarse de aquí en adelante?
