¿Hackeo?

Es un desmadre. No encuentro otra palabra para calificar lo sucedido en torno de la revelación irregular de los datos personales de quienes han sido acreditados para cubrir las conferencias en Palacio Nacional. No sólo por la incapacidad de cuidar la información de 300 ...

Es un desmadre. No encuentro otra palabra para calificar lo sucedido en torno de la revelación irregular de los datos personales de quienes han sido acreditados para cubrir las conferencias en Palacio Nacional. No sólo por la incapacidad de cuidar la información de 300 personas, sino por las contradicciones en las que incurrieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores a la hora de tratar de explicar lo sucedido.

Los hechos son incontrovertibles. Los datos que tres centenares de personas confiaron a la Presidencia de la República acabaron en diversos foros de internet, expuestos a cualquier tipo de mal uso. Pasó el fin de semana, sin aclaración alguna. Cabía entonces esperar que el lunes el gobierno tuviera una descripción detallada y objetiva de lo ocurrido: quién, cuándo, cómo y para qué. Pero no: con lo que salió el presidente López Obrador fue una especulación.

“Fue un hackeo”, declaró el mandatario. Y luego, sin evidencia alguna, atribuyó la presunta exfiltración a la intención del “bloque conservador” de “sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores”.

–¿Falló la seguridad, Presidente? –le preguntaron.

–Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo.

–¿Ve a la oposición, entonces, Presidente?

–Es muy probable, muy probable: Claudio X. González y toda la red de opositores a la transformación. 

Pero los señalamientos del tabasqueño no satisfacían a los presentes en la mañanera. “Son nuestros datos”, le reclamaban. La gritería subió tanto que el Presidente debió recurrir a un chiste: “Como se están poniendo todos, ya ni se siente el frío”.

En las siguientes horas, lo dicho por López Obrador sólo hizo crecer el escándalo. A decir del mandatario, los servidores de Palacio Nacional habían sido vulnerados. Salieron a relucir los precedentes: actos de hackeo contra la Lotería Nacional, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Poco después del mediodía, se anunció que habría una conferencia de prensa por la tarde “sobre el posible acceso no autorizado al Sistema de Acreditación de la Presidencia” (sic).

El encuentro con los medios de comunicación fue encabezado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y contó con la participación de Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, y Carlos Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional del gobierno federal.

De acuerdo con la explicación que dio este último, el archivo con los datos de los asistentes a la mañanera “no fue vulnerado”, sino que un extrabajador de la Presidencia tuvo acceso a él mediante su cuenta y su contraseña, desde una dirección IP ubicada en España, y puso a circular dolosamente la información. En cosa de unas cuantas horas, la conjetura presidencial que hacía culpable a Claudio X. González y al “bloque conservador” quedó hecha trizas, desmentida por sus propios colaboradores.

Yo no sé qué es peor: ser la ingenua víctima de la acción malévola de avezados hackers, o la negligencia inexcusable de no haber eliminado la contraseña de un antiguo empleado. En todo caso, el daño a las personas cuyos datos fueron vulnerados ya está hecho y no es fácil de reparar. Por otro lado, no queda claro el propósito de dicha acción. ¿Será que la gente que deja de trabajar para este gobierno sale tan enojada que busca dañar a sus antiguos empleadores?

Como digo, esto es un desmadre. Un caos, cuyo origen debe buscarse en la instrucción presidencial de que no importan los cargos, sino los encargos. ¿Quién es el responsable de no haber cuidado información sensible como ésa y de no haber detectado el ingreso no autorizado en los servidores de la Presidencia? Quién sabe.

Y eso debe llevar a preguntarnos si los datos de 130 millones de mexicanos estarán seguros en caso de que la Secretaría de Gobernación llegue a administrar la Base de Datos Nacional del Registro Civil, como lo pretende el oficialismo.

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