Fiscal de chocolate

A diferencia de lo que sucedía antes de que llegara al poder el movimiento que gobierna hoy el país, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) es una oficina mansa que no juega papel alguno en el combate a las violaciones a la ley en la materia, mismas que se practican sin pudor alguno.

En contraste, aún se recuerda la fiereza con la que actuaba Santiago Nieto como titular de esa dependencia, antes conocida como Fepade.

En 2015, Nieto –hoy miembro del oficialismo– procedió contra el entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, por presuntos delitos que éste cometió como dirigente nacional del Partido Verde en los comicios de aquel año.

Asimismo, cómo el entonces fiscal se enfrentó con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, situación que llevó a su destitución y lo proyectó al estrellato político y facilitó su posterior aterrizaje en el entorno de Andrés Manuel López Obrador.

Aquellas actuaciones tuvieron una dosis de polémica, sin duda, pero por lo menos existía la sensación de que la Fiscalía Electoral era una institución que pesaba y que servía como dique a las ansias de los políticos de brincarse la ley.

Hoy no hay tal cosa. Durante el sexenio pasado, encabezó la Fisel el abogado José Agustín Ortiz Pinchetti, amigo íntimo del entonces Presidente, quien pasó por la dependencia sin pena ni gloria. Cuando falleció, hace casi un año, la oficina se quedó acéfala durante seis meses, hasta que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, designó en febrero a Facundo Santillán Julián.

Si usted nunca había escuchado hablar de ese señor, no lo culpo. Pero vale la pena revisar su biografía –que difundió la propia FGR–, pues dice mucho.

Entre enero y septiembre de 2024, fue director general del área de Adscripción de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. Es decir, en ese oscuro cargo fue subordinado de Luisa María Alcalde, quien sucedió en la titularidad de la Segob a Adán Augusto López Hernández, y dedicada hoy, como dirigente nacional de Morena, a justificar las ostentosas vacaciones de varios de sus correligionarios.

Antes, entre 2022 y 2023, trabajó como titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto es, como subalterno de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

¿Qué experiencia ha tenido Santillán Julián en materia electoral? Por lo que parece, ninguna.

Su nombramiento y su gestión intrascendente en la Fisel recuerdan aquel sketch de Les Luthiers, en el que un hipotético lector de noticias va pasando revista a los nuevos miembros del gabinete de un régimen militar, quienes son todos generales o almirantes salvo uno: el ministro de Educación y Cultura, un cabo primero. Cada gobierno, con sus designaciones, muestra qué tanto le importa el tema al que se dedicará el funcionario.

Esto es sintomático en momentos en que se debate qué tanto pesaron los acordeones en la elección judicial del 1 de junio. Porque, si bien la mayoría de los consejeros del INE ya impuso multas a los beneficiados por la trampa –que pronto podría echar abajo el Tribunal Electoral–, la Fisel no ha dicho esta boca es mía ante una acción tan flagrante.

Es muy claro que se indujo y se coaccionó el voto y que se acarreó a los electores a las urnas, y es harto probable que los responsables de ese delito hayan sido agentes del gobierno (Servidores de la Nación y otras variantes). Además, tendría que investigarse el uso de recursos públicos para la producción y distribución de esos acordeones, impresos y digitales.

Sin embargo, no hay que ser ingenuos: probar la comisión de esas violaciones a la ley será muy complicado, especialmente porque los órganos del Estado facultados para investigarlos y perseguirlos no lo están haciendo ni lo van a hacer.

Créame, estimado lector, que nada me daría más gusto que el señor a cargo de la Fisel me cerrara la boca procediendo, como debe ser, con las 118 denuncias –50 de ellas por el uso de acordeones– que ya están sobre su escritorio.