El humo aún no se disipa en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde la operación conjunta entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y el Comando Sur de Estados Unidos redujo a escombros un centro de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, una estructura disidente de las FARC que opera en la zona selvática que Ecuador comparte con Colombia.
El ataque contra el campamento de alias El Mono Tole, una instalación con capacidad para adiestrar a 50 efectivos del crimen organizado, marca un punto de inflexión sangriento y definitivo. No fue una simple redada policial; fue un acto de guerra ejecutado con precisión militar, el preludio de lo que se formalizaría apenas días después en Florida.
Esta incursión en la frontera con Colombia es el testimonio vivo de que el Escudo de las Américas no es sólo una declaración de intenciones, sino el inicio de una era donde la bota militar sustituye a la diplomacia de seguridad y a las acciones legales de la procuración de justicia.
Lo aprobado dos días antes de la cumbre del Escudo por un grupo de 17 países del hemisferio –en la conferencia continental contra los cárteles, de la que fue anfitrión el Comando Sur– revela a un Estados Unidos que ha dejado de lado las sutilezas para abrazar la militarización total de la lucha contra el narcotráfico. Esta nueva doctrina no nació ayer; comenzó con la agresiva política de bombardeos contra lanchas rápidas en altamar, una campaña que ha dejado decenas de muertos en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de neutralizar activos logísticos antes de que tocaran tierra.
Sin embargo, lo ocurrido en Ecuador hace buena la ominosa promesa de Donald Trump: el siguiente paso era la guerra en suelo firme. Al bautizar a los cárteles como “narcoterroristas”, Washington y sus aliados han cruzado el Rubicón, transformando la región en un tablero de operaciones donde la soberanía nacional parece ceder ante la urgencia de una victoria táctica inmediata.
Esta transición del mar a la tierra es una señal devastadoramente clara para México. La reciente captura y posterior muerte de Nemesio El Mencho Oseguera en la zona de Tapalpa, no parece haber sido un simple acto de la voluntad mexicana, sino el resultado de un ultimátum silencioso, pero letal por parte de Washington. Bajo esta lógica, la soberanía ya no se negocia, se condiciona a la eficacia del exterminio.
Sin embargo, el mapa de esta nueva alianza militar tiene vacíos que claman más fuerte que las propias explosiones. La exclusión de México, Colombia, Brasil y Guatemala no es un olvido logístico; es una señal política demoledora. Que los gigantes del hemisferio –países que son, literalmente, la primera línea de fuego o, en palabras de Trump, el “epicentro de la violencia de los cárteles”– no hayan sido invitados a la mesa central del Escudo de las Américas evidencia una fractura ideológica profunda.
Estos países han dejado de ser vistos como aliados para ser percibidos casi como obstáculos o, peor aún, como parte del problema. Su ausencia debilita la eficacia de cualquier estrategia continental, pero fortalece la narrativa de un bloque de naciones que prefieren la uniformidad ideológica a la cooperación pragmática.
Este rediseño del mapa político regional es el síntoma directo del estrepitoso fracaso de la izquierda en garantizar el derecho más básico de sus ciudadanos: la vida. En países como Chile, Costa Rica, Honduras y El Salvador, las promesas de enfoques sociales contra la violencia se estrellaron contra la realidad de calles ensangrentadas.
La incapacidad de los gobiernos autodenominados progresistas para contener el avance de las bandas trasnacionales ha dejado un vacío de orden que los liderazgos conservadores han llenado con promesas de mano dura.
El riesgo es que, al intentar destruir a los monstruos con la fuerza de los ejércitos y bombardeos terrestres, terminemos convirtiendo a todo el continente en un campo de batalla permanente, donde las líneas entre la justicia y la guerra abierta se borren para siempre.