Es verdad: existe el legítimo derecho de dudar de las intenciones de la justicia estadunidense cuando emprende pesquisas contra funcionarios mexicanos. Sin embargo, del mismo modo, es procedente cuestionar la sinceridad de un gobierno que los proclama inocentes, sin investigarlos.
En uno y otro caso, puede haber intereses políticos que se coloquen por encima de los hechos. Lamentablemente, vivimos en un tiempo en que la verdad está perdiendo la batalla contra la opinión.
Aun así, quedan elementos objetivos de los cuales asirse para tratar de acercarse a la verdad. Por ejemplo, la seriedad y efectividad de los sistemas de justicia de un país y del otro.
En México, los ministros de la Suprema Corte creen que es una buena idea asistir a un acto para celebrar un aniversario de la victoria electoral de la Presidenta de la República o probablemente acuden obligados a ese encuentro, que no es de Estado. En el vecino país, eso difícilmente ocurriría. Allá, los justices (o ministros de la Corte Suprema) sólo se reúnen con el inquilino de la Casa Blanca en ceremonias contempladas por la ley: la toma de posesión del Presidente o de alguno de ellos; el Informe sobre el Estado de la Unión; cenas de Estado —como la que tuvo lugar recientemente en honor del rey Carlos III—, así como exequias o memoriales.
Tanto en noviembre de 2017 como en noviembre de 2025, el presidente estadunidense, Donald Trump, celebró el primer aniversario de sus respectivas victorias electorales. Lo hizo, ambas veces, en encuentros con empresarios en Florida. En ninguna de esas ocasiones acudió algún integrante de la Corte.
El movimiento político que gobierna México ha demeritado al Poder Judicial haciendo que los ministros acompañen al Ejecutivo en ocasiones no previstas legalmente. El más reciente, como digo arriba, fue el mitin en el que la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el segundo año de su triunfo electoral, el domingo pasado, en la Plaza de la República.
¿Cómo espera México mostrar así, frente a Estados Unidos y el mundo, que tiene un Poder Judicial con la suficiente autonomía para actuar ante los señalamientos de que un gobernador, elegido por Morena, y nueve de sus colaboradores, se coludieron con el crimen organizado para llegar al poder y para permitir actividades relacionadas con el narcotráfico?
Es más, si la justicia fuera imparcial en México, la investigación sobre los implicados se habría abierto antes de que se dieran a conocer las órdenes de aprehensión contra ellos en Estados Unidos. Hace dos años o más que se hicieron públicos diversos indicios, iguales o similares a los que aparecen en los expedientes de la Fiscalía de Nueva York. ¿Cómo se pude esperar, entonces, que la justicia mexicana sea percibida como autónoma y competente, sobre todo después de una elección en la que se distribuyeron y usaron acordeones para asegurar que algunos nombres alcanzaran la mayoría de los votos?
Por otro lado, está el tema de la eficacia. ¿De qué grado es la de la justicia en México? Se sabe que la impunidad es enorme en este país. De acuerdo con Human Rights Watch, apenas diez de cada cien homicidios terminan en una sentencia. La justicia del país vecino no es perfecta, pero allá se resuelve 64% de las investigaciones por asesinato, de acuerdo con datos oficiales. Y si la confiabilidad y la eficacia de las instituciones estadunidenses no bastaran, se pueden aportar tres argumentos adicionales.
El primero es que el movimiento gobernante en México, que hoy cuestiona que Estados Unidos quiera llevar ante la justicia a diez servidores públicos mexicanos, es el mismo que aplaudió la sentencia contra Genaro García Luna, dictada mediante testimonios orales, sin una sólida base documental como la que hoy se exige para extraditar a los diez de Sinaloa.
El segundo es que no se ha tenido reparo para enviar a la Unión Americana a 95 capos del narcotráfico, que hoy están enfrentando procesos en aquel país, y en esos casos no se cuestionó si la justicia estadunidense tenía elementos contra ellos.
Y el tercero es que el general en retiro Gerardo Mérida prefirió cruzar la frontera y entregarse a la Fiscalía de Nueva York antes que quedarse en México. Por algo será.