El expediente que debió traer luz sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda —fundador y dirigente del Partido Sinaloense, diputado federal electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa— sigue sumido en la opacidad. A dos años del crimen, las interrogantes no sólo permanecen abiertas, sino que la sospecha de encubrimiento institucional se ha vuelto aplastante. La conmemoración de su muerte, el sábado pasado, no fue únicamente una fecha para guardar su memoria, sino un recordatorio estridente del naufragio de la justicia en México.
Es obvio que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mintió sobre la manera en que murió Cuén. La narrativa construida con desaseo y prisa por la entonces fiscal estatal, Sara Bruna Quiñonez, sobre un supuesto intento de despojo violento de una camioneta en una gasolinería de la zona de La Presita, se desmoronó por completo cuando la Fiscalía General de la República asumió el caso. Las incoherencias detectadas por la autoridad federal resultaron demoledoras: un video en el que sólo se escucha una detonación frente a un cuerpo con cuatro impactos de bala; empleados que no corroboraron la versión oficial del asesinato; omisiones graves en la necropsia; falta de procesamiento pericial de la escena, y la negligente autorización de incinerar el cadáver contra toda norma elemental. No fue un error metodológico; fue una puesta en escena orientada a fabricar una verdad conveniente.
La farsa institucional quedó expuesta con la carta difundida el 10 de agosto de 2024 por el capo Ismael El Mayo Zambada. En ese manuscrito, el líder criminal aseguró que Cuén fue asesinado exactamente a la misma hora y en el mismo lugar —Huertos del Pedregal, una finca en las afueras de Culiacán— donde él fue emboscado y llevado por la fuerza hacia Estados Unidos para ser entregado a las autoridades de ese país. La coincidencia espacio-temporal pulverizó el relato de la gasolinería y reveló que la escena oficial no era más que un montaje para ocultar los hechos reales y los nexos entre las autoridades estatales y el narcotráfico.
Lo escandaloso es que nadie ha sido castigado por esta obvia obstrucción a la justicia. Ni Sara Bruna Quiñonez ni su fiscal adjunto, Dámaso Castro, han respondido penalmente por la alteración de hechos y la destrucción de evidencia clave. Por el contrario, Castro forma parte hoy de la lista de políticos y funcionarios sinaloenses que el gobierno de Estados Unidos busca extraditar por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y sigue siendo protegido, igual que los demás, por un gobierno que se llena la boca hablando de la importancia de las pruebas y de aplicar la ley. En este caso hay pruebas más que suficientes.
La impunidad con la que operaron los encargados de procurar justicia demuestra la profunda captura de las instituciones estatales por el crimen organizado. Lejos de corregir el rumbo, el oficialismo sumó un nuevo insulto a la ciudadanía: las investigaciones sobre el asesinato de Cuén quedaron oficialmente reservadas hasta el año 2031. Alegar que la revelación de los avances de un crimen perpetrado hace dos años representa un “riesgo a la seguridad nacional” es el recurso más burdo para sepultar la verdad. Esta decisión constituye una enorme incongruencia de un gobierno que se dice transparente, pero que en la práctica utiliza el secreto de Estado para proteger redes de complicidad.
Esta opacidad deliberada expone el rostro de una justicia selectiva y simulada. Mientras contra opositores como el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, el Estado despliega de forma expedita todo el rigor de la ley penal, para el gobernador sinaloense con licencia, Rubén Rocha Moya, y sus colaboradores, el criterio es completamente distinto. Para los detractores políticos hay carpetas de investigación ágiles; para el entorno del poder en Sinaloa hay mantos de impunidad, protección política y expedientes blindados bajo llave, cuando menos hasta el siguiente sexenio.
La memoria de Héctor Melesio Cuén exige respuestas reales, pero el sistema actual sigue demostrando que la ley en México no es pareja, sino un instrumento de conveniencia que se moldea según las necesidades de quienes ostentan el poder.