La política exterior mexicana atraviesa un momento de contradicciones.
El otorgamiento de asilo político por parte del Reino Unido a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, ha provocado una fuerte reacción en el Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en manifestar su desacuerdo, calificando la decisión como inaceptable y anunciando que el gobierno de México solicitará una explicación formal a través de los canales diplomáticos. Sin embargo, esta indignación oficial choca frontalmente con la realidad de las propias acciones de México, revelando una doble vara que resulta difícil de ignorar.
Para entender el malestar, hay que recordar que Macías llegó a Londres en 2017, poco después de que Duarte fuera detenido en Guatemala. Desde entonces, la justicia mexicana ha intentado, sin éxito, su extradición por el presunto desvío de 112 millones de pesos del DIF de Veracruz hacia empresas fantasma. Aunque en 2022 una corte británica autorizó inicialmente su entrega, la defensa de Macías logró revertir el proceso argumentando que la solicitud tenía tintes de persecución política y que no existían garantías de un juicio justo en México. Al final, la justicia británica —un poder verdaderamente independiente en aquel país— consideró que el asilo era la medida necesaria para proteger su integridad ante un sistema judicial mexicano percibido como vulnerable a intereses políticos. Nótese que esto ocurre después de la Reforma Judicial.
Ante ello, el gobierno mexicano exige explicaciones a una democracia consolidada por una decisión judicial técnica, pero simultáneamente ha decidido aplicar su propia interpretación del asilo de manera mucho más discrecional.
El caso más reciente es el de Betssy Chávez, exprimera ministra de Perú bajo el mando de Pedro Castillo. Chávez se encuentra actualmente refugiada en la embajada de México en Lima, tras haber sido acusada en su país de delitos graves: rebelión y conspiración por su participación en el fallido autogolpe de Estado de diciembre de 2022. Pese a que la justicia peruana ha dictado órdenes de captura internacional y condenas en su contra, el gobierno mexicano la ha defendido a capa y espada, alegando que es víctima de una “persecución política” por parte del actual régimen peruano.
La incongruencia es flagrante. Por un lado, México se siente ofendido porque el Reino Unido protege a una mujer acusada de corrupción, argumentando que se interfiere con la aplicación de la ley mexicana. Por otro, México obstaculiza el proceso penal peruano al dar cobijo a una figura sentenciada por atentar contra el orden constitucional de su nación. La diferencia fundamental, que parece ignorar la retórica oficialista, es que la decisión británica en el caso Macías fue producto de un largo proceso en tribunales independientes, mientras que el asilo a Chávez es una decisión política unilateral del Poder Ejecutivo mexicano.
Resulta paradójico que un gobierno que predica la “no intervención” y la “autodeterminación de los pueblos” se erija como juez de las decisiones judiciales de otros países cuando éstas no le favorecen, mientras utiliza esas mismas figuras jurídicas para proteger a aliados ideológicos en el extranjero. Exigir explicaciones a Londres mientras se ignora el malestar de Lima por el caso de Betssy Chávez es no sólo una contradicción diplomática; es la confirmación de que, para la actual administración, el derecho internacional es una herramienta maleable que se usa según la conveniencia del momento.
BUSCAPIÉS
Con 135 casos de miasis en humanos en 2026, México enfrenta una crisis sanitaria que era evitable. El avance del gusano barrenador confirma la advertencia de Víctor Villalobos sobre la importancia de la sanidad animal. Mientras él defendía, como titular de la Sader, la inversión en sanidad animal, el entonces presidente López Obrador la desestimaba como un “gastadero de dinero”, según ha revelado en su libro el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra. Hoy, el tiempo y la realidad epidemiológica dan la razón a Villalobos: el descuido institucional ha vulnerado nuestras fronteras y la salud de los mexicanos.