Cuando se vive como un compromiso innegociable con la verdad, el periodismo deja de ser un registro de hechos para convertirse en un acto de resistencia civil. El 14 de julio de 1904, mientras el oficialismo de entonces festejaba que Porfirio Díaz acababa de reelegirse por sexta vez —en un proceso que además estrenaba la extensión del periodo presidencial de cuatro a seis años—, el diario La Opinión, publicado en el puerto de Veracruz, decidió no sumarse al coro de la lisonja.
En un editorial titulado Vivimos en plena farsa democrática, que hoy resuena con gran vigencia, sus redactores denunciaron una realidad que parece cíclica. Este reclamo hace eco en el marco de la reforma electoral en ciernes, una iniciativa que, sin otro argumento que el de un supuesto ahorro presupuestal, despierta el temor de devolvernos a esos tiempos de control absoluto, donde la autonomía de las instituciones se desdibuja para facilitar el retorno de una hegemonía que ya creíamos superada.
La columna vertebral de aquel reclamo era la exigencia de honestidad frente a la “paz mecánica” del porfiriato. El editorial cuestionaba la legitimidad de un proceso donde la figura de Ramón Corral, impuesta como vicepresidente, representaba el desprecio por la voluntad popular. En ese contexto, el papel de la prensa no era informar sobre lo que el poder quería que se viera, sino iluminar lo que el mando intentaba ocultar tras los banquetes oficiales.
Los hombres detrás de ese texto eran Francisco S. Arias, director del diario, y Jaime P. Rivera, jefe de redacción. Arias no fue un improvisado en el sacrificio; su compromiso lo llevaría, una década más tarde, a las mazmorras de San Juan de Ulúa, encarcelado por el régimen de Victoriano Huerta. Rivera, por su parte, mantuvo la cohesión de una redacción definida como “independiente”, una etiqueta que entonces no era mercadotecnia, sino una declaración de guerra ética. Ambos entendieron que el respeto propio exigía romper el silencio que otros guardaban por miedo.
Hoy, al rescatar estas palabras, nos enfrentamos a una verdad dolorosa: el periodismo veracruzano sigue siendo una trinchera de altísimo riesgo. Si bien las formas del poder han mutado, la vulnerabilidad de quien busca la verdad permanece. Veracruz ha sido, en tiempos recientes, el epicentro de una tragedia informativa; muchos de quienes practican el oficio han sido víctimas de asesinato o del uso político de la justicia para acallarlos, una táctica que busca silenciar las voces críticas mediante la persecución legal. Esta hostilidad contemporánea es el eco de aquel “ludibrio” que Arias y Rivera denunciaron hace más de un siglo, donde el sistema prefiere eliminar al mensajero antes que corregir el mensaje. Sin embargo, la herencia de estos periodistas sobrevive en cada reportero que, a pesar de la sombra del peligro, decide no “untar de perfume” al poderoso en turno, resistiendo la tentación de convertirse en una muchedumbre asimilada al presupuesto.
Arias y Rivera pueden, finalmente, descansar en paz. Su ambición de que “allá a la postre de muchos años, alguien dijera que en 1904 hubo un periódico que se atrevió a decir la verdad” se ha cumplido cabalmente. Casi 122 años después, se reconoce que su valor no fue en vano. Aquel editorial no fue un simple grito en el desierto, sino un cimiento de la dignidad nacional frente a actos de autoridad, como el que hoy amenaza con desmantelar nuestras certezas democráticas. El periodismo veracruzano, con toda su carga de dignidad y tragedia, sigue generando esas palabras de verdad que nos salvan del olvido. La historia les da la razón: los regímenes caen o pasan, pero la palabra escrita con integridad permanece como el único testimonio fiel de que, incluso en la oscuridad, hubo hombres que se negaron a participar en el carnaval de la desvergüenza.