No me acaba de quedar claro por qué una acusación desde el exterior contra un ciudadano mexicano –quien presuntamente cometió un delito previsto por las leyes de otro país– viola nuestra soberanía.
A lo mejor soy corto de entendederas, como decía mi abuela Raquel, pero me ayudaría mucho que me lo explicaran. Y creo que la mejor manera de hacerlo es responder las siguientes preguntas:
¿Por qué se acabó la estrategia de “cabeza fría” y comenzó repentinamente la confrontación con el presidente Donald Trump… oh, perdón… con los sectores de la “ultraderecha” de Estados Unidos?
¿Quiénes son esos “ultraderechistas”, que, según esto, tienen sometido a Trump y le imponen la agenda sobre las relaciones con México?
¿Qué se le debe a Rubén Rocha Moya, que lo ha convertido en un intocable?
¿Por qué pasó casi un mes, después de que fueran acusados en Estados Unidos, antes de que se citara a declarar a Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a otros políticos sinaloenses? La investigación que supuestamente realiza la Fiscalía General de la República sobre ellos ¿fue motivada por esas imputaciones o fue por iniciativa propia?
¿Por qué si México ya ha extraditado a Estados Unidos a millar y medio de connacionales, la soberanía –que se sepa– no se ha visto afectada? ¿Por qué sólo se lastimaría con estos diez?
¿A poco ninguna de las justificaciones para aplicar la prisión preventiva oficiosa –dentro del amplísimo catálogo que ha creado con ese propósito la autodenominada Cuarta Transformación– se acomoda a alguno de esos diez casos?
¿Vale más la libertad de Rocha Moya que llevar a buen término la revisión del T-MEC?
¿Por qué se entregó a la justicia estadunidense el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, y prefirió ser encarcelado en una de las prisiones más temidas de Estados Unidos que aceptar el cobijo del gobierno federal?
¿Qué pasó durante la reunión del jueves 21 de mayo con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, y por qué se parecen tanto el contenido del discurso presidencial del domingo y la versión desmentida de dicha reunión?
¿Por qué a Rocha Moya y compañía lo apoyan siempre de lejitos y nadie lo quiere tener cerca? ¿Por qué los gobernadores cuatroteístas no han firmado uno de sus muy socorridos desplegados, para apoyar a su compañero de Sinaloa?
¿Cómo se puede esperar que en Estados Unidos y Canadá se confíe en la autonomía del Poder Judicial cuando el presidente de la Suprema Corte y otros ministros asistieron al acto partidista del domingo?
¿Quiénes son los que usan el “movimiento de transformación” para proteger sus “intereses personales” y por qué ninguno de ellos ha sido señalado por su nombre?
¿Miente la jueza Katherine Polk, encargada de los procesos contra los Diez de Sinaloa, en decir que las evidencias obtenidas son tan abundantes que tomará dos meses organizarlas para ponerlas a disposición de los abogados defensores, o mienten los funcionarios mexicanos que sostienen que “no hay pruebas”?
¿A qué se refería la jueza Polk al afirmar ayer que las acusaciones contra funcionarios mexicanos “vienen en olas”? ¿Acaso saben algo al respecto las autoridades mexicanas y por eso el discurso del fin de semana “en defensa de la soberanía”?
¿Por qué, si en verdad no hay elementos incriminatorios, el discurso de la soberanía nacional se ha convertido en la única trinchera para frenar un expediente judicial que en Nueva York avanza con paso firme? Ojalá alguien responda pronto, de preferencia antes de que esta inexplicable protección política termine por arrastrar la credibilidad de nuestras instituciones y fracture la crucial alianza comercial con nuestro principal socio.
Si la soberanía sirve para encubrir la impunidad y no para defender la verdad, entonces la expresión de mi abuela me cae al puro centavo: soy sumamente corto de entendederas. Pero si no es así, los de cabeza dura son otros.