El cierre de avenidas como medida de última instancia para forzar la atención institucional se ha convertido en una amarga rutina cotidiana en México. Lo que alguna vez fue una acción reservada para movimientos sociales de gran escala, hoy es la única vía que encuentran ciudadanos comunes, víctimas y familias para ser escuchados por las autoridades de procuración e impartición de justicia.
El fenómeno ha escalado a tal punto que la parálisis del tránsito urbano se percibe como la única garantía de que una carpeta de investigación salga del archivo muerto y reciba una revisión mínima por parte de los ministerios públicos.
El episodio iniciado el mediodía del miércoles en la colonia Del Valle de la Ciudad de México ilustra con nitidez esta quiebra institucional. Vecinos y afectados por la invasión ilegítima de sus inmuebles decidieron cerrar el entronque de la avenida Coyoacán y la calle Matías Romero, tras la ocupación ilegal de un predio ubicado en la cercana Cerrada de Matías Romero. La comunidad de la Del Valle se ha caracterizado por su apego al orden civil y por agotar las vías formales ante la burocracia capitalina. La última vez que los habitantes de esta zona tomaron las calles con una determinación similar fue durante la crisis del agua contaminada con combustible, un problema ambiental y de salud pública que la autoridad capitalina nunca terminó de reconocer ni explicar con transparencia.
Que una comunidad con estas características recurra al bloqueo vial no es un hecho menor: responde a la extrema gravedad que representa la desposesión de su patrimonio mediante la invasión de predios, un delito en expansión en la capital que suele operar bajo el amparo de grupos organizados y la omisión de los tribunales. Este caso no es aislado; en meses recientes, la Ciudad de México ha sido testigo de protestas similares en arterias neurálgicas como Insurgentes, Periférico o Viaducto, donde familiares de personas desaparecidas, víctimas de extorsión o despojo han tenido que paralizar la circulación durante horas para conseguir algo tan básico como una audiencia con las autoridades.
Esta dinámica distorsiona por completo la relación entre la sociedad y sus instituciones. La atención ciudadana ha dejado de responder a criterios de legalidad, urgencia jurídica o debido proceso para someterse a una lógica reactiva, donde sólo quien logra generar un costo político o mediático mediante el caos urbano consigue mover la maquinaria del Estado.
La proliferación de estas manifestaciones extremas es el síntoma directo de la percepción generalizada de que las vías institucionales han dejado de funcionar. Cuando la ciudadanía constata que las denuncias formales se acumulan sin avance y que la impunidad es la regla, el bloqueo de la vía pública deja de verse como un exceso y pasa a entenderse como el único mecanismo eficaz para presionar a una autoridad que sólo reacciona ante la presión mediática.
El deterioro en la procuración e impartición de justicia en el país no es nuevo, pero se ha profundizado a un ritmo acelerado tras la implementación de la reforma judicial. La reestructuración de los tribunales, la parálisis operativa derivada de los cambios normativos y la pérdida de perfiles técnicos capacitados en los juzgados han agravado el rezago de expedientes y la vulnerabilidad de las víctimas. Lejos de acercar la justicia al ciudadano, el nuevo diseño institucional ha precarizado la respuesta estatal, dejando a las fiscalías y juzgados en un estado de letargo funcional o sometidas a esquemas de corrupción.
Si la efectividad del derecho de propiedad y la protección física de los ciudadanos dependen de la capacidad de desquiciar el tráfico de una ciudad, es que el pacto social se encuentra profundamente lesionado. La multiplicación de los bloqueos no es una causa, sino la consecuencia directa de un sistema de justicia que ha renunciado a su función preventiva y reparadora. Mientras las instituciones continúen respondiendo únicamente ante la presión de la calle y no ante el mandato de la ley, el espacio público seguirá siendo el último y más desesperado tribunal de los ciudadanos.