¿A quién dar refugio? El dilema ético de la política exterior

La decisión del gobierno mexicano de conceder asilo a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez ha cristalizado una profunda crisis diplomática, culminando en la ruptura de relaciones por parte de Perú. Este caso pone sobre la mesa el eterno debate sobre el derecho de asilo en América Latina: la soberanía jurídica frente a la coherencia ética.

No cabe duda que México actúa sobre base legal. La Convención de Caracas de 1954, suscrita por ambos países, es clara: el Estado asilante —en este caso, México— tiene el derecho soberano de admitir a quienes juzgue conveniente. Esta prerrogativa excluye la posibilidad de reclamo por parte de Perú, limitándolo a respetar la decisión y, eventualmente, conceder el salvoconducto, un proceso que Lima ha indicado estar evaluando conforme a derecho.

No obstante, en su ejercicio, México incurre en una selectividad ideológica que socava su autoridad moral y la noble tradición que ha enarbolado. La justificación moral del asilo a Chávez se debate en una zona gris. Contrariamente a la sugerencia de que no tiene causas pendientes, Chávez sigue procesada por presuntos delitos de corrupción y se le impuso un impedimento de salida del país.

Pero el error más profundo del gobierno mexicano se encuentra en su insistencia en prejuzgar los procesos internos peruanos, particularmente en el caso del expresidente Pedro Castillo. Éste fue destituido tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022, un acto que las instituciones peruanas, desde el Tribunal Constitucional hasta el Congreso, catalogaron como un “autogolpe de Estado” y un evidente “resquebrajamiento del orden democrático constitucional”. Al etiquetar a Castillo como “preso político”, México interfiere en la soberanía judicial peruana, deslegitimando la respuesta democrática coordinada de las instituciones que actuaron precisamente para evitar la concreción de un quiebre institucional.

El gobierno mexicano ha defendido su “vocación humanista” y calificó la respuesta peruana de romper relaciones como “desproporcionada”. Pero si la política exterior mexicana es genuinamente humanista, debe aplicarse sin sesgos, protegiendo a los disidentes que sufren persecución sistemática y no sólo a aliados políticos.

México debería considerar el asilo para presas políticas latinoamericanas cuyo estatus de perseguidas está ampliamente documentado por organismos multilaterales y de derechos humanos, y no sólo para figuras de su espectro ideológico.

Tal es el caso de la venezolana Rocío San Miguel Sosa, directora de Control Ciudadano, una organización que vigila la actuación de las corporaciones de seguridad y el sector militar, detenida arbitrariamente en febrero de 2024, acusada de terrorismo y conspiración, encarcelada en El Helicoide, la prisión del servicio de inteligencia de Venezuela, y a quien se ha negado el acceso a su defensa. Está la cubana Mayelín Rodríguez Prado, una joven detenida en agosto de 2022 y condenada a 15 años de prisión por “sedición” y “propaganda enemiga”, simplemente por transmitir protestas antigubernamentales a través de Facebook, recluida en la prisión de Granja 5, en Camagüey. Y la nicaragüense Fabiola Tercero Castro, periodista, promotora de la lectura, y activista feminista, detenida en julio de 2024 por su trabajo en materia de derechos humanos, cuyo paradero no ha revelado el gobierno de ese país.

Extender el asilo a figuras como San Miguel Sosa, Rodríguez Prado, Tercero Castro sería la prueba irrefutable de que México utiliza la Convención de Caracas por motivos de humanidad y no como una herramienta de política de bloques.

Si aspira a ser líder moral en la defensa de los derechos humanos en el continente, México debe cesar la calificación ideológica de los procesos judiciales legítimos de otros países (como el de Castillo) y demostrar que su política humanista es universal y consistente. La coherencia en el asilo es el único camino para que la noble tradición mexicana no se vea reducida a una mera herramienta de realineamiento político continental.