Es el escándalo, no el pecado

Cuando Acción Nacional cambió de dirigencia, el verano pasado, decidió retomar las banderas de la lucha contra la deshonestidad en el gobierno que caracterizaron al partido antes de ganar la Presidencia de la República en 2000.

“México está manchado por la corrupción”, denunció el nuevo jefe nacional, Ricardo Anaya, en un spot en el que exigió: “Metamos a los corruptos a la cárcel”.

El PAN volvía, pues, a sus orígenes, como la fuerza moralizante de la política nacional. Se lanzaría nuevamente a la caza de tepocatas y víboras prietas. Trataría, ahora sí, de pescar peces gordos.

Atrás habían quedado los escándalos protagonizados por el entonces coordinador blanquiazul en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, y su fiesta con teiboleras en Puerto Vallarta.

En realidad, no es que el PAN haya actuado contra la corrupción interna. Dicha pachanga –conocida públicamente en agosto de 2014– fue enterrada por otros escándalos: los acontecimientos de Tlatlaya e Iguala, las propiedades de familiares y colaboradores del presidente Peña Nieto, la cancelación del tren a Querétaro y la segunda fuga de El Chapo Guzmán.

Aunque el PAN hizo grandes anuncios y hasta creó una comisión anticorrupción, no parecen haber cambiado mucho las cosas en el partido.

El hecho de que Acción Nacional hiciera diputado local y, luego, coordinador de su bancada en el Congreso sinaloense a Guadalupe Carrizoza Cháidez, muestra que los señalamientos de corrupción no suelen llevar a los panistas a hacer penitencia.

A menos, claro, que su comportamiento –como ocurrió con Villarreal– haga ver mal al partido en su conjunto ante la opinión pública.

Como el PAN no castiga el pecado sino el escándalo, ahora ha decidido remover a Carrizoza.

Al hacerlo, considera más grave que el diputado haya criticado la detención de su compañera de bancada Lucero Sánchez –“se la llevaron a huevo”, dijo– que el hecho de que la Secretaría de la Función Pública, encabezada por el panista Rafael Morgan Ríos, haya decidido inhabilitarlo como funcionario, a principios de 2012, por haber violado la normatividad presupuestal de la Sagarpa, cuando fungió como delegado de esa dependencia en Sinaloa.

La inhabilitación pudo haber frenado las ambiciones de Carrizoza de llegar al Senado aquel año, pero no le impidió ser incluido, en 2013, en la lista de representación proporcional del PAN en la elección de diputados de Sinaloa.

Ni tampoco encabezar la bancada panista, en la que fue incluida, por razones que todavía no quedan claras, la diputada Sánchez.

Como relaté aquí el lunes pasado, la candidatura de Lucero Guadalupe Sánchez López –postulada por el distrito 16, con cabecera en Cosalá– fue adoptada en común por la alianza PAN-PRD-PT y una organización local, el Partido Sinaloense (PAS).

Novato en la arena electoral, el PAS no sólo logró realizar en una sola semana las asambleas que le dieron su registro, sino que cosechó casi 13% de la votación en la elección legislativa de 2013.

Una vez elegida, Lucero Sánchez se integró a la bancada del PAN, e incluso se le hizo presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte.

El 14 de abril de 2015, cuando El Chapo llevaba poco más de un año recluido en el penal de El Altiplano, se supo que una mujer había ingresado con documentación falsa para visitarlo. El 18 de junio de 2015, menos de un mes antes de la fuga del capo, la misteriosa mujer fue identificada como la diputada Lucero Sánchez.

Ella negó los hechos, pero continuó por siete meses en la bancada del PAN. Hoy ya no está. Unos dicen que renunció y otros, que fue expulsada.

Los antecedentes oscuros de Carrizoza son aún más viejos: fungió como delegado de la Sagarpa en Sinaloa entre 2007 y 2011, tiempo en que los panistas Alberto Cárdenas y Francisco Mayorga fueron titulares de esa dependencia.

Durante su gestión se le cuestionó por la inclusión de familiares de capos sinaloenses –como El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero– en el padrón de Procampo.

Carrizoza solía responder que si los beneficiarios habían cometido algún delito, tocaba a otras autoridades, no a él, proceder en su contra.