Hacer campaña o gobernar

El viernes pasado, en este espacio, pregunté si el proceso de nominación del próximo candidato del PRI a la Presidencia de la República sería resultado de un destape clásico o parte de una contienda interna.

Recordé entonces la primera vez que el partido oficial –entonces partido de Estado– celebró la sucesión entre un Presidente sexenal y otro, en 1940.

Para suceder al presidente Lázaro Cárdenas, el entonces Partido de la Revolución Mexicana tenía a tres prospectos institucionales: el secretario de la Defensa Nacional, Manuel Ávila Camacho; el secretario de Comunicaciones y Obras Pública, Francisco J. Múgica, y Rafael Sánchez Tapia, comandante de la Primera Zona Militar. Los tres, generales revolucionarios.

En los márgenes del oficialismo se movían otros hombres que aspiraban a la Presidencia, como los también generales Gildardo Magaña, Juan Andreu Almazán y Manuel Pérez Treviño, así como el líder obrero Vicente Lombardo Toledano.

Hacia fines de 1938, en un clima de inestabilidad política y económica, un nutrido grupo de gobernadores y legisladores se propuso evitar que el candidato del PRM fuese Múgica, confidente de  Cárdenas y hombre de izquierda quien se proponía llevar más lejos las reformas de éste. 

Resuelto a no parecer parcial en el proceso de sucesión –que debía culminar en la postulación del candidato oficial, el 1 de noviembre de 1939–, el presidente Cárdenas pidió las renuncias de Ávila Camacho, Múgica y Sánchez

Tapia. 

“Renuncian sus cargos los presidenciables”, cabeceó Excélsior, a ocho columnas, el 18 de enero de 1939. En sumarios, nuestro diario informó: “Detendrán la agitación” y “No desean que sus altos puestos sirvan para llamar la atención pública”.

En el cuerpo de la nota se reprodujo un comunicado de los tres precandidatos:

“En el año retropróximo de 1938, los colaboradores más cercanos del C. Presidente de la República dimos a la prensa unas declaraciones tendientes a evitar que se anticipara la lucha política por la sucesión presidencial, ya que cualquier actividad prematura de tal naturaleza causaría trastornos al recto funcionamiento de la administración pública.

“Nuestra sincera actitud no tuvo eco en toda la amplitud que esperábamos y la campaña política se ha intensificado a grados extremos que nos colocan en condiciones incompatibles con los empleos que desempeñamos. Y esto nos obliga a presentarle al señor Presidente de la República las renuncias de nuestros puestos (...)

“El principal propósito que nos guía a tomar esta determinación es el de evidenciar que no deseamos utilizar los altos puestos que ocupamos como medio para llamar la atención pública sobre nuestras personas y porque pensamos, además, que estando colocados en posibilidad de hablar con los amigos que nos postulan, podemos detener, junto con ellos, una agitación que se inicia y se propaga absolutamente fuera de tiempo y (…) contraria a los intereses nacionales que demandan una absoluta atención y un esfuerzo preferente de las energías de los mexicanos.

“Consideramos, además, que esta situación de simples ciudadanos nos permitirá observar en circunstancias propicias el proceso del encauzamiento que sufran las corrientes de opinión (…)”.

El texto terminaba con un exhorto a no olvidar “el interés general de la Patria junto a la inspiración del interés personal”.

Traigo a la memoria este episodio de la sucesión presidencial en momentos en que, de forma aún más prematura que la de entonces, se hace presente la ambición por llegar a la Presidencia en 2018.

Hace 76 años, el PRM –hoy PRI– encontró una manera de evitar que la lucha por el poder desbordara sobre la actividad del gobierno, que batallaba con la desconfianza de los empresarios y la escasez del crédito. 

Hoy que los secretarios de Gobernación y de Hacienda son claros aspirantes a la candidatura presidencial del PRI, ¿la volverá a encontrar?