México macabro

“En vano recorremos la distancia que queda entre las últimas sospechas de estar solos”.

José Manuel Caballero Bonald

Se ha llevado una nueva cuenta a partir del presente siglo, del año 2000 a la mitad del 2017, hasta que concluya este junio. La cuenta es válida siempre y cuando no maten a nadie más en los próximos cinco días. En ánimo de evitar el regateo, elegí la cifra que parece disponer de un mayor consenso. En este México nuestro han muerto asesinados 109 periodistas en 16 años y medio. Los tratadistas del fenómeno han ido parcelando estas muertes, organizándolas por años, sexenios y gobernantes. Se dice, por ejemplo, que en los años de Felipe Calderón la cifra alcanzó el mayor número para un periodo de gobierno federal: 49 crímenes. No es posible todavía hacerle cuentas alegres a la administración de Peña Nieto que, si bien contabiliza apenas 35, está a un año y medio de concluir, para que las condiciones de seguridad pública no permitan optimismo alguno. Claro, una consideración así resulta inevitablemente macabra. Qué más da si son tres o son cuatro los periodistas que pierden la vida cada año. También hay analistas que buscan regionalizar las muertes: Veracruz es la entidad indiscutiblemente líder con diez, seguida de Guerrero con ocho.

Todos tenemos derecho a pensar que el periodismo entraña riesgos. Resulta complicado decidir si quienes se dedican a él han perdido la vida por las consecuencias que habrán traído las cosas que investigan y difunden, a quienes tengan la responsabilidad criminal de esas cosas. Suena duro, pero algo así sólo sería posible si no viviéramos en este inmenso territorio de impunidad casi absoluta, desoladora, angustiante hasta hacernos sabernos solos. Qué puede importar que se revele esto o aquello, que salga a la luz toda clase de ilícitos con sus perpetradores si al final no existe un sistema de justicia que opere más que en provecho de quienes ahí laboran. Jueces, magistrados y ministros entrópicos, endogámicos, laborando para la operación absurda —y carísima— de tribunales que nada resuelven. La conciencia pública que pudiera conseguirse con esa labor heroica, la tarea de periodistas que arriesgan la vida, termina enfrentando a procuradores y juzgadores absolutamente indolentes. Claro, diecisiete años de muertes de periodistas han dado ya el burocrático fruto con el que no sé quién supone que algo se arregla: contamos con una fiscalía especializada, a nadie importa que nada solucione, paliativa como tiene que ser para los que quieren mandar sin resolver.

La crónica y el reportaje son géneros literarios más que decorosamente practicados en mi país de fosas repletas de esqueletos, que los políticos endosan sin más a esa entidad abstracta conocida de manera genérica como “crimen organizado”. Cada día decimos más, hemos conseguido consignar y expresar haciéndonos de una especie de arte literario que pretende ofrecerle sentido a un tiempo salvaje como el nuestro. De lo que leo, de lo que escriben nuestros periodistas mexicanos yo he ido entendiendo que más allá de evitar la difusión de ilícitos asesinando a los periodistas, se trata de favorecer, de acrecentar ese enrarecido estado de cosas, de precipitar y mantener un entorno de incertidumbre y miedo a modo para el enorme estado de corrupción que manda en México. ¿A quién conviene? A quienes viven del crimen, sin duda, aunque tendremos que aceptar que contabilizar tales especímenes al día de hoy resulta tan complicado que por sí solo explica nuestros 109 asesinatos. Conviene también —ya sé que decir algo así es una barbaridad— a quienes pretenden posiciones de poder por vía de la actividad política. Cada crimen les ofrece una oportunidad de prometer que ya, que ahora sí van a cuidar de nosotros. Cada muerte forma parte del perverso mercado de necesidades y promesas. Así avanzamos al 2018; “años políticos”, les dicen.