Un golpe duro a la relación con Estados Unidos

Por Azul Eycheverry

En días recientes, la Cámara de Diputados aprobó, con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, con la que se pretende regular la presencia y actividades de los agentes internacionales en México. A partir de dicha reforma, se deberá informar a las autoridades mexicanas sobre las investigaciones y resultados que las agencias extranjeras de inteligencia y personal estratégico en seguridad nacional obtengan a partir de la perspectiva de cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, con la que esta iniciativa de reforma surge.

En ese sentido, tendremos que estar muy pendientes respecto a las ventajas y desventajas que este suceso traerá a las relaciones internacionales de México, en particular con Estados Unidos, el principal colaborador en temas de seguridad y combate al crimen organizado, considerando la extensa e intricada cooperación que se requiere para dar seguimiento y obtener información estratégica desde estas organizaciones de escala internacional.

Cabe destacar que, en buena medida, nuestro país depende de la información proporcionada por las agencias estadunidenses. No hemos sido capaces de profesionalizar el desempeño de nuestras instituciones y, peor aún, seguimos sin tener la posibilidad de hermetizar el filtrado de información sensible debido al alcance mismo de las operaciones criminales y la corrupción. Gracias a ello, hemos tenido que conformarnos con el material que Estados Unidos nos proporciona gracias al mayor y mejor contenido que generan a partir de una extensa red de informantes inmersos en los grupos delictivos, quienes dan aviso sobre las operaciones que ejecutan y los resultados que obtienen dentro y fuera de nuestras fronteras.

Este hecho no pasa por alto para los especialistas. El hasta hace unos días procurador general de Justicia de EU, William Barr, mostró su preocupación ante la legislación que terminaría por aprobarse en la Cámara Baja mexicana argumentando que, de conseguirse, la cooperación entre los dos países se dificultaría, poniendo en riesgo a los ciudadanos de los dos países, beneficiando sólo a los grupos del crimen organizado.

Además, debemos tener presentes otros inconvenientes que acarrea esta nueva legislación. En principio, se rescindirá en inmunidades parciales o totales con las que operan los funcionarios extranjeros en México, con lo que se compromete su capacidad de obtener información valiosa dentro de las agrupaciones delictivas. Por otra parte, será necesario que dichos funcionarios presenten un reporte escrito a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con lo que se corre el riesgo de que estos informes se vuelvan un mero requerimiento burocrático que entorpezca el verdadero flujo de información sensible, la cual podría ser manejada de forma privada y discrecional en un contexto prohibicionista.

Es importante resaltar que esta aprobación se da sólo dos meses después de la aprehensión del general Salvador Cienfuegos en territorio estadunidense por parte de agentes de la DEA, sin que hubiese un aviso oficial por su parte a las autoridades mexicanas. Y por ello, me parece importante que se busque propiciar una relación respetuosa mediante los mecanismos oficiales que tanto trabajo han costado implementar a lo largo de nuestra relación con Estados Unidos. Sin embargo, la premura con la que se discutió y aprobó, antes del cierre de sesiones legislativas, pareciera más bien tratarse de un mensaje político enarbolando un candor de la defensa de la soberanía y los intereses nacionales ante los abusos extranjeros, con unas elecciones internas a la vuelta de la esquina y un recién confirmado presidente de Estados Unidos.