Tribunales electorales incompletos

Por: Jaime Rivera Velázquez*

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está incompleta, precisamente en el año en que se elegirán la Presidencia de la República y las dos Cámaras del Congreso de la Unión. El 31 de octubre de 2023 concluyeron su periodo dos magistrados y, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo oportunamente lo que le corresponde, según el artículo 99 de la Constitución, a fin de someter al Senado las dos ternas para las nuevas designaciones, la fracción mayoritaria de esta Cámara se ha negado a votarlas. Así, la Sala Superior está funcionando con sólo cinco de los siete miembros que deben integrarla.

Algo semejante está ocurriendo con las Salas Regionales y la Sala Especializada del TEPJF. Desde marzo de 2022 concluyó el nombramiento de una magistratura de cada una de las cinco salas regionales; la Suprema Corte envió al Senado las ternas para cubrir las vacantes y, una vez más, la fracción mayoritaria impidió la votación necesaria de dos tercios de la Cámara. Desde septiembre de 2023, la Sala Especializada ha corrido igual suerte: una magistrada terminó su periodo, la mayoría rechazó una terna y luego ni siquiera ha sometido a votación la segunda terna presentada por la Corte.

Cabe subrayar que el procedimiento seguido por la Suprema Corte para integrar las ternas de candidatos a la Sala Superior y las Salas Regionales ha sido abierto, transparente y con evaluación objetiva de requisitos y méritos de los aspirantes. No es por falta de calidad profesional de los postulados que el Senado no los nombra. Más bien parece que la fracción mayoritaria desconfía de la Suprema Corte. De hecho, en el último año esa desconfianza del gobierno federal y su partido se ha convertido en franca hostilidad hacia el Poder Judicial.

 Esta situación irregular de las salas del TEPJF dificulta la resolución de las incontables controversias a lo largo del proceso electoral en curso. Con menos magistrados y muchísimas impugnaciones, la carga excesiva de trabajo puede traducirse, por lo menos, en tardanza.

Pero habrá una afectación mayor para el momento en que la Sala Superior deba calificar la elección presidencial. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículo 167), para declarar la validez (o en su caso, la nulidad) de la elección presidencial se requiere un quórum de, al menos, seis magistraturas. Si para entonces no se han cubierto las magistraturas vacantes (y así se vislumbra que ocurrirá), deberá habilitarse interinamente para tal efecto al magistrado o magistrada de Sala Regional de mayor antigüedad o edad. Aunque esa previsión de emergencia exista en la ley, no deja de quitarle lustre a una decisión muy relevante para la República.

De hecho, en las salas regionales del TEPJF ya se está aplicando una medida análoga que debería ser excepcional y provisional. Ante las prolongadas vacancias que podrían afectar el quórum, alguna secretaría de estudio y cuenta ha tenido que ocupar interinamente la magistratura. Lo mismo ocurre desde septiembre de 2023 en la Sala Especializada.

La omisión del Senado de nombramientos también se ha replicado, sobre todo después de las elecciones de 2021, en los Tribunales Electorales de las entidades federativas. A lo largo de dos años, se ha acumulado un número creciente de vacantes sin ocupar por falta de consensos parlamentarios. Esta situación aqueja ya, con mayor o menor gravedad, a los 32 tribunales electorales locales. Cinco de ellos operan con sólo una magistratura titular y dos interinas. En el Tribunal de la Ciudad de México, de cinco magistraturas originarias sólo quedan tres, y dos de éstas terminarán su periodo en 2024, uno en abril y el otro en diciembre.

Los tribunales electorales cumplen una función muy importante para garantizar derechos políticos y dar certeza a las elecciones. Mantenerlos incompletos es una forma de debilitarlos. En el fondo, es una muestra de desdén por las instituciones democráticas.

La omisión de nombramientos en los tribunales electorales se ha convertido en una práctica habitual de la mayoría legislativa. Al mismo tiempo, otros organismos constitucionales autónomos han sufrido un debilitamiento sistemático por falta de designación de cargos directivos establecidos en la ley. En el caso del Inai, la Suprema Corte tuvo que intervenir y ordenarle al Senado hacer los nombramientos. Pero ni eso ha bastado; las vacantes continúan. No se trata de hechos aislados, sino de una política general hostil a los contrapesos institucionales que cumplen funciones especializadas y tienen la misión de evitar la concentración excesiva del poder.

*Consejero del INE