Reformas y contrarreforma

Por Jaime Rivera Velázquez

Ahora que se habla mucho de un intento de reforma electoral, es útil dar un repaso del sentido de las sucesivas reformas realizadas en el periodo reconocido como transición democrática de México y contrastarlas con lo que pretenden en estos días el Ejecutivo y su mayoría en el Congreso.

En 1977 se inició una reforma política que tuvo como objetivo esencial reconocer a fuerzas políticas organizadas que ya existían en la sociedad, pero no tenían oportunidad de representación en las instituciones del Estado. Se expidió una ley electoral que permitía el registro de nuevos partidos políticos; se otorgó el derecho de los partidos a financiamiento público, así como acceso a la radio y la televisión; se aumentó el número de diputaciones federales de 300 a 400, y se estableció la representación proporcional en un sistema mixto con 300 escaños de mayoría relativa. Tales cambios fueron una semilla fértil para crear un sistema pluripartidista incipientemente competitivo y una representación plural en los órganos del Estado. En esos renglones, la iniciativa actual del Ejecutivo va en sentido contrario: menos financiamiento a los partidos, menos diputados y supresión de las diputaciones de mayoría.

La reforma electoral de 1986 elevó a 500 los escaños en la Cámara de Diputados, con 200 de representación proporcional; también modificó la integración de la Comisión Federal Electoral y sus extensiones locales y distritales, dándole al partido oficial un predominio automático en tales órganos. La autoridad electoral continuó presidida por la Secretaría de Gobernación, que, de hecho, actuaba como juez y parte. La alteración de resultados en las elecciones de 1988 y la consecuente crisis política demostraron que el control gubernamental de las elecciones era ya disfuncional e inaceptable. La actual propuesta oficial de reforma busca reducir el tamaño de la representación política legislativa y entregar la dirección de los procesos electorales a la mayoría electoral en turno.

La reforma de 1989 cambió sustancialmente la operación de los procesos electorales, con la creación del Instituto Federal Electoral como un organismo permanente, profesional, con personalidad jurídica y patrimonio propios y autonomía de gestión. En 1994 se fortaleció la confiabilidad del IFE con la incorporación a su órgano de dirección de consejeros ciudadanos independientes del gobierno. Lo más valioso de esta reforma fue el amplio consenso entre gobierno y partidos de oposición que le dio vida. La elección presidencial de 1994 se organizó con eficiencia y no hubo cuestionamientos relevantes a sus resultados. Ahora el gobierno y el partido mayoritario declaran abiertamente que no negociarán la propuesta de reforma constitucional y que no requieren el consenso de la oposición para cambiar las leyes secundarias.

La reforma de 1996 le dio al IFE autonomía plena, con la salida del secretario de Gobernación y la designación de consejeros electorales —sin intervención del Ejecutivo— por mayoría calificada de dos tercios de los diputados, mecanismo que obliga a acordar designaciones aceptables para todos los contendientes. El IFE se consolidó como un árbitro imparcial e independiente en sus decisiones. Adicionalmente, las condiciones de competencia se hicieron más equitativas con financiamiento a los partidos mayor y más transparente, y más tiempo en radio y televisión. Todas las elecciones subsiguientes fueron altamente competidas y la alternancia en el poder se volvió el resultado más frecuente. En contraste, la iniciativa presidencial de hoy contempla listas de candidatos a consejeros propuestas por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y luego, que los aspirantes compitan en campañas electorales abiertas que sólo los partidos y el gobierno podrán emprender con posibilidad de éxito. La imparcialidad quedaría afectada de origen.

Durante la década de 1990, en todas las entidades federativas se fundaron organismos electorales locales dotados de autonomía, que garantizaron organización y arbitraje de elecciones con una imparcialidad que no se había conocido cuando los gobiernos estatales conducían los comicios.

La reforma electoral de 2007 buscó crear una cancha pareja para la competencia electoral. El acceso de los partidos a la radio y la televisión se amplió y se hizo gratuito, a fin de que no fuera el gasto en publicidad el que diera ventajas determinantes a los partidos o grupos de interés con más dinero. A la vez, se prohibieron la propaganda gubernamental en periodo de campaña, la intervención de servidores públicos en la competencia política y la promoción personalizada de los gobernantes. La iniciativa de reforma no cambia mucho esto, salvo que disminuye los tiempos de radio y TV disponibles para los partidos. Como contrapartida, la presencia gubernamental en los medios es hoy más abrumadora que nunca.

La reforma de 2014 creó un sistema nacional electoral entre el INE y los organismos locales que elevaron la eficiencia y equidad de las contiendas en su ámbito. Podrá discutirse y evaluarse el costo global de este sistema, pero nadie puede decir con sustento que las elecciones no son limpias y confiables. La iniciativa oficial pretende simplemente suprimir esos organismos locales, a la vez que mutilar las capacidades operativas del INE.

Estos contrastes entre las reformas electorales anteriores y la nueva propuesta, evidencian que el afán de cambiar de raíz un sistema que funciona bien no tiene más propósito que restaurar un pasado que se superó hace tres décadas. En realidad, se trata de un intento de contrarreforma.