Ofensivas contra el Poder Judicial

Por: Jaime Rivera Velázquez *

Desde el comienzo de este siglo, en muchos países se han observado fenómenos de regresión autoritaria, principalmente en democracias emergentes o inmaduras. La ruta más frecuente de esos casos ha sido un líder fuerte o carismático en el poder Ejecutivo por medio de elecciones democráticas, inconforme con los límites que le imponen la Constitución y los otros poderes del Estado, emprende acciones para evadir leyes, controlar al Poder Legislativo y neutralizar o capturar al Judicial con magistrados leales, simultáneamente, acosa a la prensa y trata de desprestigiarla para imponer su propia versión de la realidad; suele también atacar o someter a las instituciones electorales a fin de asegurarse la permanencia en el poder. Todas esas acciones se despliegan en nombre del pueblo y en contra de las élites, a las que acusa de haber creado instituciones para su beneficio exclusivo. Paulatinamente, y con algún revestimiento de legalidad, el régimen democrático se convierte en autoritario.

En los últimos años se ha producido en el mundo occidental una vasta bibliografía sobre la decadencia de las democracias bajo el empuje del populismo. Müller, Levitsky y Ziblatt, Applebaum, Keane, Urbinati, Scheppele, Naím, Schedler, Aguiar Aguilar, Ríos Figueroa y otros académicos ofrecen explicaciones desde diversos ángulos sobre cómo la democracia ha sido o puede ser deformada o destruida desde dentro (una parte de la información y los juicios de este artículo se nutren de esos autores).

Una de las facetas de la embestida populista contra la democracia es el ataque al Poder Judicial. En la medida en que los populistas suelen acceder al poder por vía democrática, se encuentran con un entramado institucional que, por naturaleza, limita el poder, lo vigila, lo frena y a menudo lo confronta en defensa de la Constitución. Para algunos gobernantes populistas ha sido más fácil ganar y controlar al Poder Legislativo que someter al Judicial. De ahí que, fiel a su credo y estilo, el gobernante populista emprenda ofensivas contra los jueces y magistrados negándoles legitimidad en nombre del pueblo y de su mayoría.

En Hungría, en 2010 el partido de ViKtor Orbán ganó, con 53% de los votos, 68% de los escaños del parlamento. Con esa mayoría calificada pudo cambiar la Constitución para controlar al Poder Legislativo, restar independencia a jueces y abolir la autonomía de la fiscalía, la comisión tributaria y la comisión electoral. A Orbán le tomó tres años capturar la Corte, pero a partir de ello, reformó leyes con más libertad y ocupó los tribunales ordinarios con jueces dóciles. En septiembre de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una moción según el cual Hungría ya no puede ser considerada una democracia, sino un régimen híbrido de autoritarismo electoral.

En 2002, en Turquía, el partido de Tayyip Erdogan, fundado apenas un año antes, ganó las elecciones con sólo 34% de los votos, pero la gran fragmentación del voto entre muchos partidos le permitió obtener dos tercios del parlamento. En 2007, Erdogan impulsó una reforma constitucional para elegir al presidente por voto popular directo, elección que él ganó en 2014 con 52% de los votos. Con poderes ampliados, desde la presidencia sometió al parlamento y ocupó tribunales y la Corte con jueces adictos a él. Pronto volvió a reformar la Constitución para disminuir las facultades del parlamento y renovar por completo el Poder Judicial. El Ejecutivo se erigió en un súper poder, con casi nulos contrapesos.

En América Latina se han dado procesos análogos de regresión autoritaria. Desde su primer año como presidente de Venezuela, en 1999 Hugo Chávez convocó a una Asamblea Constituyente con reglas electorales amañadas que le dieron 95% de los asientos con tan sólo 51% del voto popular. Con la nueva Constitución, Chávez pudo apoderarse de más de la mitad del Tribunal Supremo de Justicia y someter a la autoridad electoral. A partir de entonces, cambió leyes a su antojo y gobernó por decreto siempre que así lo quiso. A pesar de todo, en 2015 la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional, pero el presidente Nicolás Maduro alegó fraude electoral; a su vez, el Tribunal Supremo (sometido al oficialismo) sentenció el desacato de la Asamblea e invalidó los actos de la misma. El colmo de la violación constitucional ocurrió en 2017, cuando el Tribunal asumió las funciones de la Asamblea Nacional.

En Bolivia, desde 2006, Evo Morales maniobró para sustituir a los integrantes de la Suprema Corte, a quienes acusaba públicamente de ser la élite más corrupta del país. El propio presidente de la Corte fue acusado de traición y de servir a intereses extranjeros. En 2009 se aprobó una nueva constitución que estableció la elección popular de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, asegurando así al partido del presidente el control de los jueces. Fue ese Tribunal el que permitió que Morales se postulara para la tercera reelección, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.

Las lecciones son irrefutables: sin un Poder Judicial independiente que haga valer la Constitución y las leyes, la democracia no puede subsistir. El poder político sin jueces que lo contengan y moderen, se convierte en tiranía.

* Consejero del INE