Nuevos riesgos de las FA: ¿militarización o conversión de militares a civiles?

Por Juan Carlos Gómez Aranda

En sus casi 110 años de existencia, el Ejército mexicano ha prestado invaluables servicios a la nación, particularmente acrecentados por sus acciones de auxilio a la población civil en casos de emergencia o desastre, reconocimiento que irradia al conjunto de las Fuerzas Armadas. En su historial hay también momentos tormentosos que han abollado su armadura, como los sucesos de octubre de 1968.

El Ejército tiene orígenes que lo enaltecen, pues surgió principalmente de las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza, pero también aglutinó a veteranos de las más diversas agrupaciones militares “irregulares”, autodefensas y cuerpos rurales que proliferaron en algunos estados del norte del país, creados en 1911 con la caída de Porfirio Díaz y leales al espíritu de Francisco I. Madero en el contexto del cuartelazo asestado por Huerta. También se nutrió de hombres fogueados en los ejércitos de la Convención, conformada predominantemente por la División del Norte, comandada por Francisco Villa y el Ejército Libertador del Sur, de Emiliano Zapata.

Nadie discute el origen revolucionario y popular del Ejército nacional, cuya institucionalidad está hoy en el centro del debate por las crecientes actividades civiles que le han venido asignando, por la escalada de violencia que se vive en algunas partes del país y por el debate sobre la incorporación —formal— de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Desde tiempo atrás, por su experiencia y para lograr una mayor coordinación con las regiones militares, ha sido costumbre que gobernadores y presidentes municipales prefieran a militares retirados o con licencia al frente de las policías locales, práctica que no se ha percibido como militarización. Por supuesto que no es lo mismo nombrar a un egresado del sector castrense por aquí y otro por allá, que asignar a milicianos en las más variadas funciones civiles y conferirle a la Sedena la autoridad sobre el principal agrupamiento policial del país.

Las Fuerzas Armadas han jugado un papel relevante en el combate al crimen organizado en apoyo de las agencias policiacas y de investigación. Así ha sido desde que en los años 60 y 70 surgieron Pedro Avilés y después El Cochiloco y Félix Gallardo en Sinaloa, época en que los Arellano se movieron a Baja California y Caro Quintero a Jalisco. Para los 80, estos grupos se desplazaron a diversas zonas del territorio nacional.

La discusión viene subiendo de tono porque las Fuerzas Armadas se ocupan de actividades civiles, como la construcción de obras públicas emblemáticas; la distribución de vacunas o la compra de medicinas; el control de puertos y aduanas o la distribución de recursos de los programas sociales. Hace pocos días el presidente López Obrador anunció que la Marina, junto con los gobiernos estatal y algunos municipales de Sonora, establecerá una planta de licuefacción de gas líquido; se encargará de administrar dos aeropuertos y estará a cargo de la modernización del puerto de Guaymas.

Esta diversificación de funciones ocurre después de que el Presidente fue crítico del papel de las Fuerzas Armadas y en campaña ofreció regresarlas a los cuarteles, pero la realidad se impuso y hoy el Ejército y la Marina cumplen roles inesperados, que aún no se sabe si derivará en acrecentar su influencia política. Lo que sí sabemos es que instituciones que están bien calificadas socialmente se colocan en una dinámica de riesgo por sus múltiples nuevas atribuciones y el manejo de recursos, pues ya se les están atribuyendo errores nuevos que, eventualmente, afectarán su imagen pública sin esperar confirmación, pues la duda está sembrada: sobrecosto en las principales obras, improvisación, mala planeación, asignaciones directas y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Mientras, organizaciones no gubernamentales ven riesgos en el cumplimiento de los derechos humanos y distracción de sus funciones sustantivas.

La más reciente encuesta del Inegi sobre seguridad muestra que más del 67% de los mexicanos mayores de 18 años percibe que vivir en su ciudad es inseguro, pero consideró efectivo el desempeño de la Marina en 84.2%; del Ejército, 81.3%, y de la Guardia Nacional, 70 por ciento. Mientras que de las policías estatales 48.5% y municipales, 42.9 por ciento.

También alienta la controversia la definición presidencial de abrazos, no balazos y las dudas razonables sobre la eficacia de esta política ante los hechos de violencia que se observan en los lugares de siempre, pero también en ciudades tradicionalmente tranquilas. El asedio de los cárteles no cesa y la respuesta oficial se percibe titubeante.

La adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena es otro de los asuntos que animan el debate, pues ante la inviabilidad constitucional de lograrla por el atajo de un decreto, se regresó a la ruta legislativa y, si no hay cambios, mañana presentará el Presidente una iniciativa de carácter preferente para que este cuerpo quede en el control del Ejército, situación que opositores impugnarán en la Corte, pero que también provoca inconformidad de las izquierdas.

Es momento de preguntarnos si el país se está militarizando, como analistas y detractores sostienen, o las Fuerzas Armadas se están ciudadanizando. No falta quien diga que uno de los propósitos es contagiar a la burocracia y a la sociedad del orden, disciplina y sentido del deber de las Fuerzas Armadas, lo que parece una idea peregrina o la derrota del sentido común, ya que se antoja difícil que resulte el experimento de los conversos. Ya veremos.