Nuevas reglas para las elecciones judiciales

Por: Jaime Rivera Velázquez*

Las dificultades, fallas e infracciones observadas en las recientes elecciones del Poder Judicial dejan enseñanzas que deberían tenerse en cuenta, si quiere evitarse que en los comicios futuros se repitan o se agraven las afectaciones a la integridad electoral. Primero, es pertinente señalar que México es el único país en el mundo que elige por voto popular a todos sus jueces, de todos los niveles. Hay quienes se ufanan de esta esta excepcionalidad, pero hay razones para juzgarla más bien como una anomalía. En todo Estado democrático, la impartición de justicia se ejerce por jueces profesionales e independientes, que interpretan las leyes con base en principios y normas del Derecho, no con el afán de satisfacer afinidades políticas ni humores populares.

Sin embargo, este nuevo sistema de integración del Poder Judicial de México ya es un hecho. Habrá que atenerse a él por algunos años y, por lo tanto, hay que pensar en cómo organizar mejor las elecciones de juzgadores en el futuro cercano. Son muchos los cambios legales y operativos que deberían introducirse para esas elecciones, no sólo para mejorarlas, sino además para evitar los riesgos de que tales elecciones judiciales se colapsen en 2027 y arrastren con ellas a las elecciones políticas que habrán de celebrarse ese año. Enseguida enumero escuetamente los cambios de reglas que, a mi juicio, deberían adoptarse para atajar o disminuir tales riesgos.

1. Es inviable que las elecciones judiciales concurran con todos los comicios que habrá en 2027: gubernaturas, diputaciones federales y locales, integrantes de ayuntamientos. El proceso de votación sería tan complicado y lento, que muy probablemente  colapsaría.

2. No deben elegirse al mismo tiempo todos los cargos judiciales que quedaron pendientes. Con tantos candidatos como los que hubo en las recientes elecciones, los cargos que faltan por elegir, más los que se agreguen de las 13 entidades que esta vez no participaron, las boletas serán extremadamente complicadas. Los cargos por elegir deberían escalonarse, divididos en dos o tres fases y en fechas diferentes a las de las elecciones de cargos políticos.

3. Las normas principales para la elección judicial deben estar en la ley, a fin de limitar la facultad reglamentaria del INE y la introducción por medio de sentencias del TEPJF de reglas no previstas por la ley.

4. Las modificaciones a la Constitución y a la ley para la elección de jueces deben aprobarse al menos con 90 días de anticipación al inicio del proceso electoral, como lo mandata el artículo 105 constitucional.

5. Revisar y reconsiderar los requisitos de elegibilidad actuales que deben exigirse para este tipo de cargos, y establecer un modelo de evaluación de la idoneidad de los candidatos que pondere la formación profesional y la experiencia en la función jurisdiccional.

6.  El registro de candidaturas debería estar a cargo del INE, ya que éste cuenta con experiencia en la materia y garantiza la imparcialidad en la revisión de los requisitos exigidos por la norma.

7. Para propiciar equidad en la competencia, se debe establecer un piso de financiamiento público y no prohibir el financiamiento privado, pero aplicando reglas claras para garantizar la transparencia en el origen y destino de esos recursos.

8.  Facilitar el acceso de candidatos a radio y televisión en tiempos oficiales administrados por el INE. Esto será factible sólo si se disminuye la cantidad de cargos por los que se compite y, en consecuencia, la cantidad de aspirantes en cada elección.

9.  Ampliar y flexibilizar las modalidades y medios de propaganda de las campañas.

10. Establecer topes de gastos de campaña realistas y fiscalizables, conforme al tipo y nivel del cargo.

11. Revisar el marco geográfico electoral para ajustarlo mejor a la naturaleza, las funciones y los ámbitos de competencia de los cargos de jueces.

12. Simplificar los modelos de las boletas, con menos candidatos y menos cargos por marcar en cada una. Esto facilitaría el voto y el escrutinio y cómputo en las casillas.

13. Restablecer los cómputos de votos desde las casillas por los funcionarios de las mesas directivas, así como la cancelación de las boletas no utilizadas. Estas medidas son indispensables para cuidar la integridad y confiabilidad de los resultados electorales.

14. Permitir la participación de los partidos políticos en la vigilancia de las casillas, para cuidar la imparcialidad y la limpieza por parte de los funcionarios de casilla. Haber excluido por ley la participación de los partidos no impidió de hecho su intervención, aunque ésta haya sido subrepticia; solamente dejó las casillas sin la vigilancia efectiva.

15. Operar un Programa de Resultados Electorales Preliminares también para las elecciones judiciales, lo cual es factible sólo con boletas y actas más sencillas y para ello debe haber menos cargos y candidatos en competencia.

Estas modificaciones de las reglas harían las elecciones judiciales menos difíciles de organizar, facilitarían el sufragio ciudadano y los resultados serían más confiables. Y quiero pensar que también ayudarían a contener las prácticas ilegales de inducción del voto.

*Consejero del INE