México no está listo para la factura verde

Por Ricardo Peraza

La próxima gran disrupción para las empresas mexicanas no vendrá de una huelga, de una reforma fiscal o de un bloqueo carretero. Vendrá en forma de números invisibles: toneladas de CO2, litros de agua consumidos, certificaciones ambientales y métricas de sostenibilidad que se vuelven cada vez más difíciles de esquivar. En Bruselas ya tienen fecha: el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) entró en fase transicional el 1 de octubre de 2023 y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante este periodo, los exportadores sólo tienen que reportar trimestralmente sus emisiones. Pero el 1 de enero de 2026 empieza la verdadera prueba: la fase definitiva. Desde entonces, cada tonelada de CO2 incrustada en acero, aluminio o cemento tendrá un precio que los importadores europeos deberán pagar mediante certificados CBAM. Y esa factura, en la práctica, recaerá sobre los productores que no hayan hecho la tarea.

En México, la CNBV ya fijó otra fecha clave: en enero de 2025 publicó las reglas que hacen obligatoria la adopción de las normas ISSB (IFRS S1 y S2) para emisoras no financieras. Esto significa que el primer reporte de sostenibilidad bajo este estándar será el del ejercicio 2025, que deberá presentarse en 2026. Ese primer informe no necesitará aseguramiento externo, pero el del ejercicio 2026 (entregado en 2027) deberá contar con aseguramiento limitado, y a partir del de 2027 (entregado en 2028) el aseguramiento tendrá que ser razonable. En otras palabras: el margen de improvisación se achica.

Frente a este panorama, la pregunta no es si las empresas mexicanas deben prepararse, sino por qué tantas siguen actuando como si tuvieran tiempo de sobra. La narrativa de que la sostenibilidad es un tema cosmético, un “extra” para los informes anuales, se ha vuelto peligrosa. Ya no se trata de buena voluntad, sino de reglas de mercado que, si no se cumplen, se traducen en sanciones, pérdida de competitividad y, hasta quedar fuera de las cadenas globales de suministro.

Pongamos un escenario concreto. Un embarque de acero mexicano que salga hacia Hamburgo en enero de 2026 deberá acompañarse de un historial verificable de emisiones. Si no lo tiene, el importador europeo pagará un recargo en certificados CBAM y, en consecuencia, el productor mexicano perderá margen frente a un competidor que sí tenga sus procesos trazados. El golpe no es simbólico, es financiero.

Con los reportes ISSB ocurre lo mismo. No se trata de un checklist para quedar bien, sino de un marco que exigirá a las emisoras mexicanas demostrar cómo evalúan riesgos climáticos, cómo gestionan emisiones de alcance 1, 2 y, eventualmente, 3, y cómo vinculan esa información a la estrategia de negocio.

Y luego está el agua. El famoso nearshoring depende de parques industriales en el norte del país, justo donde el recurso es más escaso. Monterrey, Saltillo, Ciudad Juárez. El sistema Cutzamala, que abastece a más de 20 millones de personas en el centro del país, llegó a niveles críticos en 2024 y apenas comienza a recuperarse en 2025, gracias a lluvias atípicas las cuales también trajeron problemáticas. No hay inversión extranjera que resista la falta de agua, sin embargo, todavía son la excepción las empresas que miden, reciclan y reportan su consumo hídrico como un riesgo financiero.

El punto es que todos estos cambios tienen fecha y consecuencias concretas. Para 2026, quien no reporte emisiones con datos auditables pagará más por exportar. Para 2026, las emisoras mexicanas estarán entregando su primer reporte ISSB, y en 2027 se enfrentarán a la obligación de que un tercero asegure esa información. Y quien no gestione el agua, no tendrá licencia social ni operativa para producir.

¿Qué deberían estar haciendo las empresas mexicanas? Primero, dejar de tratar la sostenibilidad como un tema de mercadotecnia. No basta con plantar árboles, sino de integrar métricas ambientales y sociales en la estrategia de negocio, en el presupuesto, en los tableros de control de dirección. Segundo, profesionalizar los reportes. El CFO y el director de sostenibilidad deben trabajar juntos: los números verdes ya impactan el costo de capital, la posibilidad de acceder a financiamiento y la valoración de la empresa. Tercero, invertir en trazabilidad. No se puede cumplir con CBAM o ISSB si no hay datos confiables, sistemas de monitoreo y proveedores alineados.

El gran error sería esperar a que el gobierno mexicano dicte la regla. El mercado se adelantó. Bruselas y los inversionistas globales ya marcan el estándar. Y eso deja a las empresas dos opciones: adaptarse a tiempo o pagar la factura.

La sostenibilidad dejó de ser un discurso aspiracional. Se ha convertido en el idioma de los negocios globales. Ignorarlo es tan arriesgado como no llevar contabilidad. Y si México quiere aprovechar de verdad la oportunidad del nuevo orden global, tiene que demostrar que no sólo puede ensamblar más cerca de EU, sino que además puede hacerlo con estándares ambientales y sociales que resistan la lupa internacional.

Las empresas mexicanas suelen enorgullecerse de su resiliencia: sobreviven a devaluaciones, a crisis políticas, a burocracias imposibles. Pero en este caso, la resiliencia no será suficiente. Hablamos de reglas de juego nuevas, impuestas desde fuera, que no admiten atajos. En enero de 2026, la factura verde llegará. Y el que no haya hecho la tarea, la pagará con intereses.