Los tribunales definen el futuro de la acción climática
Por:*Francesca Mascha Klein y **Laura Schäfer BERLÍN. En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, la presión para cumplir las obligaciones climáticas proviene cada vez más de los tribunales. Este año, la Corte Internacional de Justicia CIJ y la Corte ...
Por: *Francesca Mascha Klein y **Laura Schäfer
BERLÍN.— En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, la presión para cumplir las obligaciones climáticas proviene cada vez más de los tribunales. Este año, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron dictámenes históricos que afirman la obligación de los Estados de responder al cambio climático y las consecuencias legales de no hacerlo. Esta nueva claridad jurídica llega en un momento crítico: el año pasado fue el más caluroso registrado, con una media global que superó los 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, la brecha entre la urgencia climática y la acción gubernamental sigue ampliándose.
Ante la falta de voluntad política, el sistema judicial se ha convertido en motor clave del progreso climático. De cara a la COP30 en Brasil, se sientan las bases para una acción más firme, justa y con mayor rendición de cuentas. Ahora corresponde que los gobiernos ajusten sus políticas al derecho internacional y a las necesidades ambientales.
Los dictámenes de la CIJ y la CIDH establecen que los planes climáticos nacionales (CDN) deben reflejar la “mayor ambición posible” y alinearse con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Sin embargo, los datos de 2024 indican que las temperaturas mundiales podrían aumentar hasta 3.1 °C hacia fin de siglo. Las nuevas CDN cubren sólo la mitad de las emisiones y la mayoría está muy por debajo de las metas científicas.
Aun así, las decisiones judiciales ofrecen esperanza: en la COP30, gobiernos y sociedad civil podrán impulsar medidas ambiciosas, con respaldo legal para exigir su cumplimiento. La acción eficaz exige abandonar carbón, petróleo y gas con urgencia. Aunque existe un consenso sobre dejar los combustibles fósiles, muchos países obstaculizan el avance. La CIJ reconoce la responsabilidad legal de los gobiernos que incumplan sus compromisos, incluso respecto de la producción y subsidios a dichos combustibles.
El régimen internacional debe adaptarse a esta nueva realidad jurídica, creando mecanismos de fiscalización más estrictos y compromisos firmes de financiación climática. Los países desarrollados han tratado por años la financiación de adaptación y reparación como voluntaria; pese a la creación del Fondo de Pérdidas y Daños en la COP28, los aportes siguen siendo insuficientes. La CIJ afirma que las naciones ricas tienen el deber legal de apoyar la mitigación, adaptación y reparación en los países en desarrollo, movilizando al menos 1,3 billones de dólares anuales antes de 2035.
El sector privado tampoco queda exento. La CIJ, la CIDH y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar establecen que los gobiernos deben regular a las corporaciones para proteger el medioambiente y los derechos humanos. Tribunales locales también avanzan: en Alemania, el Tribunal Regional Superior de Hamm dictaminó que grandes emisores pueden ser responsables por daños climáticos, en un caso impulsado por el agricultor peruano Saúl Luciano Lliuya. Sin embargo, la litigación no basta. Los gobiernos deben crear marcos jurídicos que obliguen a los grandes emisores a asumir su responsabilidad antes de que los daños sean irreversibles. Medidas como reservas obligatorias, normas de transparencia, seguros y fondos de compensación pueden integrar la rendición de cuentas al sistema.
El contexto favorece estas políticas. En Filipinas, Pakistán y estados de EU como Vermont y Nueva York, se promueven leyes bajo el principio de “quien contamina, paga”. En diversos pleitos climáticos ya se citan los argumentos de la CIJ, y un tribunal brasileño los utilizó para frenar un proyecto de combustibles fósiles.
Los gobiernos no deben esperar nuevas sentencias: es momento de actuar, definir una reducción drástica de emisiones, eliminar progresivamente los combustibles fósiles y garantizar una financiación eficaz, equitativa y suficiente. En la COP30 debería impulsarse un gravamen mundial a las ganancias de los combustibles fósiles y de sectores contaminantes como transporte marítimo y aviación, destinado a los fondos de Adaptación y de Pérdidas y Daños.
Diez años después del Acuerdo de París, el mundo no puede permitirse medias tintas. Vanuatu ya propuso convertir el dictamen de la CIJ en acciones concretas de la ONU. Con apoyo a esta iniciativa y una acción inmediata, los gobiernos pueden construir un régimen climático global capaz de ofrecer soluciones reales con la urgencia que exige esta crisis.
Copyright: Project Syndicate, 2025.
*Directora jurídica de litigación estratégica en Germanwatch y **directora de la División de Política Climática Internacional en Germanwatch