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La importancia de las instituciones

Opinión del experto nacional

Opinión del experto nacional

 

Por Jaime Rivera Velázquez*

Para decirlo en los términos de las teorías institucionalistas de la economía contemporánea, las instituciones son “reglas del juego de la interacción social”, sistemas de reglas que establecen limitaciones e incentivos a los que responden los actores económicos, sociales y políticos. Las reglas pueden ser formales e informales, fundadas en leyes o en prácticas sociales repetidas, que con el tiempo determinan el modo en que las sociedades se desenvuelven. 

Las instituciones —reglas del juego fijas y conocidas— son fuente de certeza para todos los actores. Al gobierno le dan estabilidad y eficacia; a los particulares les dan seguridad y protección frente al poder, así como ante otros particulares. La forma más eficaz de inducir determinadas conductas sociales es mediante un entramado de reglas que incentive las conductas deseables y sancione las contrarias. Que muchos individuos o grupos actúen de una forma constructiva o disruptiva para la sociedad no depende tanto de la calidad moral de los mismos como de los incentivos dispuestos por las normas. La probabilidad de cometer delitos disminuye cuando éstos regularmente son sancionados; el desempeño esmerado de un trabajo depende mucho de la retribución que se pueda obtener de él; el cumplimiento en el pago de impuestos está condicionado por la calidad de los servicios públicos que se esperan y por el temor a sanciones si no se cumple esa obligación. Ésa es la función de las instituciones: estimular y encauzar comportamientos correctos y funcionales para la colectividad.

Los Estados modernos se caracterizan por un alto grado de formalización de las reglas, plasmadas en normas jurídicas y en organizaciones especializadas para hacerlas cumplir. Es decir, el poder se constituye y se ejerce por medio de instituciones. El poder personal es limitado por normas, y la ejecución de las decisiones políticas se deposita ineludiblemente en cuerpos de funcionarios profesionales, sujetos a jerarquías y normas estrictas. En los estados democráticos la legitimidad del poder político proviene de la pluralidad de ciudadanos expresada en elecciones libres, pero el gobierno se ejerce siempre limitado por las facultades y restricciones establecidas en las leyes, y por la distribución del poder entre órganos diferentes. El Estado democrático es también, intrínsecamente, un Estado de derecho.

La experiencia histórica demuestra que la libertad y la prosperidad de las naciones dependen decisivamente de las instituciones que las rigen. No son por sí mismas las intenciones de los gobernantes ni la moral de los gobernados, ni las características de la etnia, lo que determina más el destino de una sociedad. Son las instituciones. Corea del Sur se cuenta hoy entre las sociedades ricas y democráticas del mundo, mientras Corea del Norte (la misma nación, la misma historia ancestral, en otro tiempo la misma cultura que su vecina meridional) es un Estado totalitario en medio de una economía miserable. El poder concentrado en un solo hombre, adorado como Padre del Pueblo, ha tenido consecuencias desastrosas. Algo análogo podría decirse de las dos Alemanias de la postguerra hasta el derrumbe del Muro de Berlín. La occidental quedó determinada por instituciones de libertad económica y democracia, y la oriental por la economía centralizada y el gobierno autoritario. Ya sabemos cómo le fue a cada una. Independientemente de las intenciones de sus líderes, el poder absoluto de un solo partido arruinó a la Alemania del Este (llamada irónicamente República Democrática).

Así, las instituciones no son el ornato de la sociedad o el rostro maquillado de los gobiernos; son el molde en que la sociedad y el gobierno se desenvuelven y se interrelacionan. Según los valores y fines que guíen a cada Estado, se requieren instituciones de un tipo o de otros. A los propósitos expansionistas de la Roma antigua, las instituciones de la esclavitud y del servicio militar obligatorio le fueron muy funcionales. Las sociedades libres y democráticas de nuestro tiempo requieren un entramado institucional que, a la vez que garantice la representación política de mayorías y minorías, distribuya el poder entre muchos órganos para que ninguno prevalezca sin límites sobre los demás.

Los Estados democráticos no pueden funcionar como tales sin instituciones fuertes y estables. Para combatir la pobreza eficazmente se requieren derechos universales, mecanismos fiscales de redistribución, agencias de gobierno sujetas a normas y vigilancia, servicios públicos accesibles y eficientes; no el arbitrio de líderes y operadores políticos, por más bondadosas que sean sus intenciones. Para combatir la corrupción son necesarias normas jurídicas y administrativas que aseguren control, transparencia, rendición de cuentas y sanciones a los infractores; no bastan las prédicas morales. Para garantizar elecciones libres y auténticas se requieren reglas y procedimientos que permitan la competencia equitativa y hagan prácticamente imposible la alteración de las votaciones; de nada sirven los llamados a no cometer fraude.

El mayor logro del México del siglo XX y de lo que ha transcurrido del presente, ha sido la construcción de instituciones. Prácticamente en todos los ámbitos de interés público se han creado instituciones, y éstas han sido reformadas varias veces para ponerlas a tono con la evolución del Estado, la sociedad y la economía. Sin duda, algunas requieren más cambios. Pero para cambiarlas sin destruirlas también hay reglas. Los cambios institucionales deben impulsarse por los cauces de las instituciones, no fuera de ellas y mucho menos contra ellas.        

 

 *Consejero electoral del INE

 

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