La “gran mentira”

Por Jaime Aparicio1 y Rubén M. Perina2

Argentina y México insisten en que en 2019 Evo Morales fue destituido por un golpe de Estado incitado por Luis Almagro, secretario general de la OEA. Una gran mentira, una verdad alternativa, al estilo de Donald Trump, que todavía niega haber perdido su reelección. Recientemente, López Obrador, junto a Evo, repitió esa falsa narrativa, motivada por ceguera ideológica, compartida y propagada por el chavismo, el castrismo, el orteguismo y el Grupo de Puebla.

La gran mentira se ha usado para violar el Estado de derecho y los derechos humanos de opositores al gobierno del presidente Arce, manipulado éste por Evo. Tras la reciente derrota electoral en alcaldías y gobernaciones, Arce lanzó un insólito operativo de venganza y persecución política con una redada policial nocturna, típica de las tiranías chavistas, castristas y orteguistas, encarcelando a la expresidenta Jeanine Áñez y a dos exministros, acusándolos, sin pruebas, de sedición, terrorismo y golpe de Estado. Dado que Áñez sufre de hipertensión, un juez ordenó su hospitalización; pero el gobierno la trasladó a una prisión de alta seguridad para recibir un dudoso tratamiento. Un trato degradante que bordea la tortura y viola sus derechos humanos. EU ya ha manifestado su preocupación por estas transgresiones.

La gran mentira niega el fraude perpetrado por Evo y propaga la idea de un golpe de Estado, que no existió. El fraude comenzó cuando Evo forzó la convocatoria de un referéndum para eliminar la prohibición constitucional contra la rereelección y poder postularse a un cuarto mandato. En 2016, el electorado rechazó la modificación, pero Evo “convenció” al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior Electoral (TSE), ambos bajo su control, de que la prohibición violaba su derecho humano y que declarasen, absurdamente, inconstitucional la Constitución, generando así un descontento nacional contra su candidatura.

La oposición desconfiaba no sólo del proceso electoral, sino también de la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA), invitada por Evo para observar los comicios. Los 90 observadores ejecutaron sus funciones con profesionalismo, independencia e imparcialidad. Su informe destacó que el proceso se desarrolló pacíficamente, pero que evidenció serias irregularidades y que se violaron principios fundamentales de transparencia, equidad, legalidad, certeza e imparcialidad.

El propio Evo Morales aceptó el informe, convocó nuevas elecciones y nombró nuevos miembros del TSE; y su canciller, Diego Pary, solicitó a Almagro realizar una auditoría del proceso, la que se acordó que sería vinculante —por lo que es imposible la “injerencia colonialista” que alega Evo. En su informe al Consejo Permanente (12 de noviembre), ratificó la existencia de una “clara manipulación del TREP (sistema preliminar de transmisión de resultados) que afectó la transmisión y el cómputo final”, así como la existencia de un “TREP paralelo”; y señaló que, según una muestra representativa de actas, “resultaba posible que Morales haya quedado en primer lugar, pero improbable estadísticamente que haya obtenido el 10% de diferencia...”. Concluyó así que no podía asegurar la integridad del proceso ni los resultados, recomendando la realización de nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales.

Las conclusiones provocaron masivas protestas en varias ciudades, clamando fraude y pidiendo la renuncia del mandatario. Hasta la Central Obrera Boliviana (COB) se plegó al llamado. Las protestas no se reprimieron y, dada la creciente conflictividad, las FA sugirieron la renuncia de Evo, pero éste ya había decidido renunciar para “evitar una masacre”, pidiendo asilo en México y luego en Argentina. Renunciaron también su vicepresidente, la presidenta del Senado y el presidente de Diputados, dejando un vacío de poder que, inexorablemente, debió cubrir la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez —proceso ratificado por el Tribunal Constitucional y por el propio Congreso Plurinacional controlado por “evoistas”—.

A pesar de los informes de la MOE y de la legitimidad de la sucesión constitucional, los gobiernos de Argentina y de México insisten en que Almagro fue responsable de un golpe de Estado que destituyo a Evo. Esa Gran mentira la usa hoy el gobierno boliviano para violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Ello merece la activación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA y la condena y la consideración de sanciones por parte de la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, el Grupo de Lima y el Mercosur.

1Exembajador de Bolivia               2Exfuncionario de la OEA