La enfermedad del poder

Por: Jaime Rivera Velázquez

“Prácticamente todos los hombres pueden sobreponerse a la adversidad, pero si quieres medir el carácter de un ser humano, dale poder”, decía Abraham Lincoln, aludiendo a los efectos adictivos, compulsivos e insaciables del poder. Pocas obras se han ocupado con tal profundidad e inteligencia de este tema como En el poder y en la enfermedad: enfermedades de jefes de Estado y de gobierno en los últimos cien años, de Lord David Owen. El autor es un reconocido neurólogo que también fue miembro del parlamento británico por el Partido Laborista y ministro de Relaciones Exteriores.

La intersección entre la ciencia médica y la política hacen de ésta una obra fascinante que explora la delgada línea que separa la enfermedad convencional del “síndrome de la hybris” o embriaguez del poder. A decir del doctor Owen, este síndrome consiste, entre otras cosas, en la persistencia en el error y la incapacidad de cambiar de criterio.

Además de analizar varios casos en la historia moderna en que los gobernantes se “intoxicaron de poder”, Owen plantea algunos rasgos generales de quienes padecen el “síndrome de la hybris”: tienen “una propensión narcisista” y “se comportan de manera impulsiva, creen ser infalibles, hablan de sí mismos usando el plural mayestático nosotros o en tercera persona, como si fuesen voceros de un presidente a quien admiran”. Además, “se sienten responsables de un modelo o de una misión histórica, que los pone por encima de la ética que rige para la gente común, pero no para ellos, que encarnan la historia”.

Si la adicción al poder desmedido es común a muchos gobernantes, la forma que se ha encontrado para contener esa enfermedad es el establecimiento de límites institucionales, empezando por la separación de poderes. Si tales límites no existen o no funcionan, la enfermedad del poder es inevitable.

México, como el resto del mundo, ha tenido en su historia gobernantes autoritarios y otros demócratas en mayor o menor grado, pero la forma en que ejercieron el poder dependía no sólo de su voluntad, sino de los límites institucionales efectivos que les imponía la forma de gobierno realmente existente. Por ejemplo, Benito Juárez ejerció su presidencia con poderes excepcionales durante los años de guerras civiles, y cuando por fin se asentó en el poder, hizo lo que pudo por evadir los límites que la Constitución de 1857 y el Congreso le oponían. Porfirio Díaz gobernó con la misma Constitución, pero fue mas exitoso en subordinar de hecho a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los gobiernos estatales. Los gobiernos emanados de la Revolución y sus herederos se caracterizaron por contar con presidentes de poderes muy amplios (aunque temporales), acompañados de legisladores y tribunales de escasa independencia.

La transición democrática de México -que bien puede ubicarse entre 1977 y 1997- tuvo dos objetivos esenciales: garantizar elecciones libres y auténticas, y establecer un régimen con un efectivo equilibrio de poderes. Al final del período de transición, la Presidencia de la República dejó de concentrar todo el poder; el Ejecutivo tuvo que compartir decisiones con el Legislativo y someterse -no siempre de buen grado- a las restricciones constitucionales hechas valer por el Poder Judicial. En adelante los gobiernos se ejercieron dentro de un orden democrático, es decir con poder limitado, más allá de la personalidad del presidente y de sus ambiciones de concentrar y acrecentar su poder.

Los límites institucionales al poder suelen ser incómodos para el gobernante; es inevitable una tensión entre la voluntad del presidente y las instituciones que la constriñen. Esa tensión es aún mayor cuando el partido del presidente no cuenta con mayoría en el Congreso, tal como sucedió desde 1997 hasta 2018. Pero aun con mayorías legislativas de su lado, en un régimen democrático el Ejecutivo tiene que sujetarse a los límites constitucionales, a los procedimientos legislativos y a los contrapesos encarnados en los organismos constitucionales autónomos. Más aún, en las sociedades democráticas los poderes públicos están expuestos a la crítica, al escrutinio de la prensa, a la acción de organizaciones no gubernamentales y a una difusa pero más o menos efectiva opinión pública que observa y exige rendición de cuentas.

Gobernar en democracia es gobernar con límites, gusten o repugnen al gobernante. La concentración y el eventual abuso de poder dependen no tanto de la personalidad más o menos autoritaria de quien gobierna, sino de la eficacia de las leyes y las instituciones que frenen la concentración e impidan los abusos.

El sistema de equilibrio de poderes y contrapesos es consustancial a toda democracia constitucional, y, por ende, su función es legítima e indispensable para una sana gobernanza. Pero tal sistema no deja de ser incómodo para quien quisiera desplegar todas sus acciones sin más límite que su propia voluntad. Cuando esa voluntad no enfrenta límites institucionales, se convierte en embriaguez de poder.